CiU y ERC ven el Estatut en "vía muerta" cuatro años después de su entrada en vigor

• PSC e ICV confían en salvarlo tras la sentencia del Constitucional
• En cuatro años se han transferido 19 competencias, entre ella Rodalies

Los partidos catalanes han hecho este lunes valoraciones muy dispares del cuarto aniversario de entrada en vigor del Estatut, y mientras que CiU y ERC creen que ha quedado en "vía muerta" tras la sentencia del Tribunal Constitucional,  PSC e ICV confían en la posibilidad de restituir el texto y "desplegarlo".

En estos cuatro años se han transferido 19 competencias, entre ellas la gestión de Rodalies,se negocian ocho más y el Parlament ha aprobado 41 leyes.

El presidente de CiU, Artur Mas, ha dicho en Reus (Tarragona) que, cuatro años después de entrar en vigor el Estatut, que "era un buen tren", éste se encuentra "en vía muerta y desguazado", de lo que ha culpado al tripartito catalán y al Gobierno central.

Según Mas, "es una lástima" que el Estatut haya quedado en "vía muerta" porque podría "haber permitido rehacer las relaciones entre Cataluña y el Estado", de manera que Cataluña pudiera ganar competencias, autogobierno, poder político y recursos.

El líder convergente, sin embargo, no ha aportado ninguna propuesta, y tras constatar que tal y como ha quedado el Estatut tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) "no sirve ya" para hacer un trayecto, ha apostado por "cambiar la dirección" e ir "a algún lugar interesante", lo que implica el "derecho a decidir".

El portavoz de ERC, Ignasi Llorente, ha considerado que el Estatut "no tiene salida" tras la sentencia del TC y que, en esta situación, la única vía aceptable es "consultar a la ciudadanía" para que se pronuncie sobre la relación Cataluña-España que desea.

Según Llorente, el debate ahora mismo "no pasa por si el texto que queda se 'despliega' más lentamente o no, ni tampoco por si se pueden conseguir 12 ó 15 nuevos traspasos".

"Éste no es el problema", ha recalcado el portavoz republicano, porque la sentencia ha dejado el Estatut "en un callejón sin salida", al impedir a Cataluña desarrollar el nivel de autogobierno que quieren sus ciudadanos, y en este contexto, "la única vía aceptable es consultar a los ciudadanos".

El PSC se muestra más optimista

Desde el PSC su secretaria de desarrollo estatutario y miembro de la ejecutiva, Laia Bonet, ha recalcado que "en cuatro años hemos logrado cotas muy importantes" de autogobierno "pese al recurso del PP y pese a la sentencia del TC".

Lejos de considerar el Estatut en vía muerta como CiU y ERC, Bonet ha indicado que el Estatut votado por la ciudadanía "se ha convertido en la gran avenida del autogobierno de Cataluña que tiene que marcar el futuro del país en los próximos años".

Por parte de ICV, su portavoz en el Parlament, Dolors Camats, ha propuesto que las fuerzas políticas catalanas impulsen conjuntamente en Madrid un plan legislativo que contenga leyes y decretos estatales con la finalidad de "revertir" la sentencia del Estatut y restituir el texto "en bloque".

Según Camats, a pesar de la sentencia del TC, disponer de un nuevo texto estatutario "ha merecido la pena" porque "en los últimos años se ha demostrado que es un instrumento útil para desarrollar el autogobierno" de Cataluña.

Sin embargo, ha dicho la portavoz parlamentaria de ICV, las fuerzas políticas catalanas "no pueden conformarse" con "el texto recortado", sino que deben tratar de restituir el que fue aprobado en referéndum por el pueblo de Cataluña.

En sentido muy opuesto se ha expresado el portavoz de Ciutadans (C's), Jordi Cañas, al señalar que el Estatut supone un "fracaso político" porque ha puesto "un reto permanente" al Estado de derecho y ha provocado una crisis institucional "sin precedentes" en la historia de la democracia.

19 transferencias en cuatro años de Estatut

El Estatut cumple este lunes cuatro años de vida con 19 traspasos  en su haber, aunque el texto se ha visto recortado por el Tribunal  Constitucional (TC), motivo por el que más de un millón de catalanes  se manifestaron en el centro de Barcelona hace un mes.

A la espera de concretarse cómo los ejecutivos central y  autonómico ejecutan su compromiso de desarrollar aquellos artículos  que el TC ha laminado, el balance de estos cuatro años se salda con  la nueva financiación autonómica y el  compromiso del Estado de invertir en infraestructuras un porcentaje  equivalente a la contribución catalana al PIB español hasta 2012,  cuestionado por el TC.

La gestión de Rodalies es el traspaso más emblemático que se ha  conseguido, aunque el servicio sigue siendo gestionado por la  operadora estatal Renfe.

También destacan las transferencias de la inspección de trabajo,  ordenación del litoral, homologación y convalidación de estudios  extranjeros no universitarios, comunicaciones electrónicas, permisos  de trabajo para extracomunitarios, notarías y registros y seguridad  privada.

Otros traspasos rubricados son el del Hospital Clínic, el  observatorio meteorológico del Turó de l'Home y el de la presa de la  Llosa del Cavall (Lleida).

Asimismo, se ha dotado con nuevos medios materiales y económicos  la administración judicial y el Estado ha autorizado a la Generalitat  a usar el efluente de la depuradora del Baix Llobregat.

Competencias del Estatut en negociación

Ocho competencias más están en negociación: los servicios  regionales que hoy en día presta Renfe, becas, la titularidad de las  bibliotecas provinciales, el registro de gestores de múltiplex  digitales e intervención y disciplina de las entidades de crédito  catalanas, entre otros.

Mientras, el Parlament ha aprobado 41 leyes que despliegan el  Estatut, y ocho más están en tramitación parlamentaria.

Entre ellas, figura la división de Catalunya en veguerías, la  creación del Consell de Garanties Estatutries, la creación del  Consell Nacional de la Cultura i les Arts, la de consultas populares,  la de Fosas y la de centros de culto, entre otras.

Por su parte, las instituciones estatales han aprobado cuatro  reformas que desarrollan el Estatut: la que posibilita nombrar  magistrados del TC que representen a las autonomías; el Estatuto  orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé la figura del fiscal de las  Comunidades Autónomas; la del reglamento del Senado, la financiación  de las autonomías y el estatuto básico del empleado público.