Dimite el comandante en jefe de la Armada uruguaya por un supuesto fraude millonario

• El ministro del área deberá determinar si lo acepta o no
• Este hecho sucede a la dimisión de otros cuatro oficiales en julio

El comandante en jefe de la Armada uruguaya, Óscar Debali, ha presentado este martes su dimisión por un supuesto fraude millonario en esta institución. Anteriormente, cuatro oficiales habían seguido este misma decisión tras aparecer en la investigación abierta por este caso.

Este hecho sucede a raíz del envío del capitán de navío, Álvaro Bacqué, a prisión después de descubrirse que retiró, de forma fraudulenta, vales de compra de combustible por valor de 370.000 dólares.

Al parecer, esta decisión está motivada porque un sobrino del comandante, también militar, ha sido procesado por el mismo caso. Se trata del teniente de navío Ernesto Menafra, integrante de la Quinta División de Estado Mayor, encausado por un delito de peculado.

Aún así, el ministro del área, Luis Rosadilla, podría anunciar si acepta o no esta renuncia.

La investigación, que surgió a raíz de la renuncia del cargo de cuatro oficiales el pasado 20 de julio, intenta averiguar la existencia de una red de compras falsas de material en la Armada, la malversación de fondos de Naciones Unidas destinados a misiones de paz y una cuenta secreta de dinero público en Alemania.

Este desvío de fondos, podría ascender entre tres y cinco millones de dolares.

Novedades importantes en la Armada uruguaya

Rosadilla celebrará esta tarde una rueda de prensa en la que fijará su posición sobre la cuestión y en la que anunciará "novedades importantes" sobre el caso que significará "un antes y un después" en la vida de la Armada.

La denuncia del caso llegó a la fiscalía de forma anónima, y las primeras investigaciones apuntan a que las irregularidades se realizaron de manera sistemática en la Armada durante varios años.

Además, la jueza que lleva el caso, Graciela Gatti, también ha ordenado interrogar a cerca de 40 empresarios proveedores de la Armada para establecer si existe una red de compras "fantasma".

En un principio, la Justicia investigó la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para ensayar motores, por los que el Estado habría pagado en 2008 un total de 600.000 dólares, y que nunca aparecieron en la Armada.