La Ley de Tranparencia permitirá a los ciudadanos controlar la gestión de los poderes públicos

• El Gobierno aprobará previsiblemente el viernes la nueva Ley de Transparencia
• Las demandas de información se contestarán por escrito en un plazo de 30 días

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes el anteproyecto de la Ley de Transparencia que pretende garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información de los poderes públicos, según han asegurado a Efe fuentes del Ejecutivo.

El texto, responde a un compromiso electoral que asumió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2008, para "profundizar, ampliar y fortalecer los derechos de la ciudadanía".

La Ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la información permitirá, entre otras cosas, que los ciudadanos controlen la gestión de las administraciones públicas, a través de un procedimiento "ágil, transparente y accesible".

En concreto, la norma permitirá auditar el uso del dinero público y solicitar desde la media de horas que trabajan los asesores en un ministerio hasta los gastos de protocolo o informaciones estadísticas.

Para que el derecho a la información sea efectivo, el anteproyecto de ley establece que las demandas de información, que se contestarán por escrito, deberán estar resultas en un plazo de 30 días.

El borrador de la ley contempla que el ciudadano pueda interponer un recurso contencioso administrativo ante los tribunales para resolver cualquier controversia relacionada con la aplicación de la norma, en el caso de que se les deniegue su solicitud.

Con esta nueva normativa, el Gobierno pretende que los ciudadanos puedan conocer cómo actúan las administraciones públicas para controlarlas, detectar los malos funcionamientos y mejorar así la calidad de la gestión pública.

Con ello, además de acabar con el "silencio administrativo", el Ejecutivo quiere crear una "nueva cultura de responsabilidad", ampliar las posibilidades de información de la opinión pública y poner coto a situaciones de corrupción y tráfico de influencias.