El Gobierno francés ignora las críticas y deporta a una segunda tanda de 124 gitanos a Rumanía

• Los gitanos aterrizan en Timisoara, donde les esperan "planes de integración"
• El ministro de Inmigración francés dice no entender el revuelo por este asunto
• Numerosas ONG califican de racista esta política de deportación

El Gobierno francés deporta a una segunda tanda de 124 gitanos a Rumanía

El Gobierno francés hace caso omiso a las múltiples críticas que le llegan de dentro y fuera del país y continúa con su política de deportación de gitanos. Este viernes han sido expulsados una segunda tanda de 124 personas, que tras partir del aeropuerto parisino de Charles de Gaulle, han aterrizado en la ciudad rumana de Timisoara, al oeste del país.

Estos repatriados se suman a los 70 que aterrizaron este jueves en  Bucarest, los primeros de los cientos de gitanos rumanos y búlgaros que  el gabinete del presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha decidido  devolver a sus países de origen en los próximas semanas.

Según  cifras del Gobierno rumano publicadas por la prensa local, 371 gitanos  rumanos serán devueltos a su país hasta el 26 de agosto.

Planes de integración

Las autoridades han anunciado planes de integración para los retornados. "Existen programas de integración social del Gobierno rumano y la Agencia Nacional para Gitanos", ha declarado el coordinador regional del Centro de Inclusión para Gitanos de Timisoara, Ion Golocel, a la prensa local.

"Es la opción de cada uno decidir dónde vivir y en qué condiciones, nosotros intentaremos responder a sus necesidades de encontrar trabajo, para que tengan un motivo de establecerse en Rumanía", ha añadido.

Pese a las garantías de París de respetar la legalidad comunitaria, la Comisión Europea ha advertido de que seguirá con atención el proceso, calificado de racista por numerosas ONG. Mientras tanto, Bucarest ha reaccionado con prudencia a la medida francesa.

El presidente rumano, Traian Basescu, ha dicho "entender la posición del Gobierno francés" y subraya que su país "defiende sin reservas que cualquier ciudadano rumano pueda circular libremente dentro de la UE".

Basescu asegura que Bucarest colaborará con París para encontrar una situación a los campamentos ilegales de gitanos rumanos en Francia, un problema que ya afectó a Italia recientemente.

Rumanía y Bulgaria, los dos países más pobres de la UE, cuentan con una importante población gitana marginada y desatendida por la falta de recursos y mecanismos de protección social, lo que augura complicada la recepción de los retornados.

El ministro se defiende

El día 26 es la próxima fecha prevista para la deportación de otros 160 gitanos desde París y desde Lyon, según ha anunciado el ministro de Inmigración Eric Besson, quien precisa que, en total, son "cerca de 850" los romanís que previsiblemente serán devueltos a sus países de origen este mes.

En declaraciones a la cadena de televisión France 2,  el ministro ha subrayado que no entiende el revuelo mediático montado en torno a este asunto porque el proceso se está haciendo dentro de la más estricta legalidad.

Le que ocurre, según él, es que está produciéndose "una aceleración" en las deportaciones como consecuencia del continuo desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos en los últimos días.

Son ya cerca de un centenar las instalaciones de chabolas que han sido evacuadas y siguen siéndolo día a día desde que el pasado 28 de julio el presidente francés, Nicolas Sarkozy, dio órdenes a su Gobierno en ese sentido.

Desde entonces, las críticas a la ofensiva de Sarkozy contra esta minoría no dejan de escucharse, no solo desde las filas de los partidos de la oposición o las asociaciones de defensa de los gitanos, sino también desde su propio partido y desde organismos internacionales y otros países, como los directamente afectados, Rumanía y Bulgaria.

"Se estigmatiza a un grupo en su conjunto.  Es contrario a la tradición francesa de respeto de los Derechos Humanos" y "eso da una mala imagen de Francia", según el secretario de Estado rumano de Solidaridad, Valentin Mocanu.

En una entrevista que publica este viernes el diario Le Parisien, Mocanu dice que le cuesta creer que París quiera dar esa imagen "voluntariamente" y avanza que la próxima semana viajará a Francia para tratar este asunto con responsables del Gobierno galo.

Los argumentos que le van a plantear no dejan de repetirlos los ministros más implicados, el propio Besson y el del Interior, Brice Hortefeux.

Ambos insisten en que no se está haciendo nada ilegal, en que otros países hacen lo mismo y en que lo único que se pretende es hacer que los extranjeros, sean gitanos o no, cumplan la ley.

9.800 deportaciones

La diferencia entre Francia y otros socios europeos está, según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en que las autoridades galas no esconden la cara "racista" de su política con esta minoría.

Eso es lo que opina el responsable para el colectivo gitano de esa organización, Malik Salemkour, quien ha explicado que, durante el año pasado, Francia expulsó a 9.800 gitanos a Rumanía y Bulgaria, es decir, una media de unos 25 al día.

"Si los romanís tienen dificultades sociales, que se traten de manera  individual o familiar, pero no de manera global y étnica", ha asegurado Salemkour.

Además desde el Gobierno insisten en que van sin ser forzados, acogiéndose al llamado programa de ayudas al retorno. 

Desde la FIDH se critica también la "amalgama" que confunde a nómadas  con gitanos, romanís, zíngaros o rumanos y que hace que parte de la  opinión pública piense que "todo el mundo es un ladrón".

Un acción común en Europa

Según Salemkour, la diferencia entre la actitud francesa y la de otros socios europeos que llevan a cabo el mismo tipo de acciones, como Gran Bretaña, Dinamarca o Bélgica, es que Francia actualmente practica una "política de estigmatización" y "lo dice oficialmente".

Desde la FIDH se critica también la "amalgama" que confunde a nómadas con gitanos, romanís, zíngaros o rumanos y que hace que parte de la opinión pública piense que "todo el mundo es un ladrón".

Por ello, la solución pasa por "la igualdad de derechos de los inmigrantes rumanos y búlgaros con los otros", ya que en Francia existe un régimen transitorio para los ciudadanos de esos países que hace que no tengan acceso al empleo como un polaco, un húngaro y, por supuesto, un español o un italiano".