El gobierno argentino acusa a 'Clarín' y 'La Nación' de apropiarse ilegalmete de la empresa Papel Prensa

• El Gobierno presentará ante la Justicia el informe
• Los dos medios denuncian una campaña para apropiarse de la empresa

El gobierno argentino y los grupos Clarín y La Nación, los principales medios de Argentina, han agudizado su batalla por el control de la principal empresa productora de papel en Argentina, Papel Prensa.

Un informe oficial hecho público este martes titulado "Papel Prensa: La verdad"  ha acusado a los dos medios de apropiarse ilegalmente de la empresa Papel Prensa, el mayor fabricante de papel para periódicos del país.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha anuncaido este miércoles que el Gobierno presentará ante la Justicia el informe sobre la investigación de la venta de la empresa Papel Prensa, en el que se denuncia la compra "ilegal" de acciones por parte de los dos mayores diarios del país.

"Estos expedientes serán presentados por el procurador del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos antes los estrados que correspondan para juzgar los hechos", dijo durante la presentación del informe 

Las trasnferencias de las acciones

El informe se ha hecho público este miércoles en la sede del Gobierno. En él "se verifica de forma indubitable el accionar ilegal de los diarios participantes en las transferencias accionarias", según ha explicado Alberto González Arzac, consejero del Estado en el directorio de Papel Prensa.

Gonzalez Arzac ha añadido que el expediente contiene "pruebas irrefutables sobre la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa S.A. por parte de los actuales grupos controlantes del sector privado", es decir, los diarios Clarín y La Nación, socios del Estado en la empresa.

Según González Arzac, cuando Lidia Papeleo, viuda del primer propietario de Papel Prensa, David Graiver, vendió las acciones de la empresa a los gestores de Clarín y La Nación, ya bajo la última dictadura militar, lo hizo "bajo amenazas" y "no era libre" en su proceder.

El informe indica también que tras la muerte de David Graiver en un accidente aéreo, el 7 de agosto de 1976, tanto Papaleo como varios de sus familiares y de socios del grupo empresarial Graiver fueron hostigados hasta que vendieron las acciones de Papel Prensa.

El informe, cuya realización fue encomendada por la presidenta Cristina Fernández, tiene 233 páginas basadas en 26.000 hojas de documentación.

Por otra parte, ambos periódicos ha publicado, poco antes de que se presentara el informe oficial, un comunicado conjunto en el que denuncian que "desde hace casi un año un  plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios,  insumo esencial de la prensa libre."

Proveedora de papel

La empresa Papel Prensa fue fundada en 1972 con el objetivo estratégico de librar a los medios locales de los onerosos desembolsos para la importación de papel para diarios. En 1978, bajo la dictadura argentina, inauguró su propia planta de fabricación, la primera del país, en la localidad bonaerense de San Pedro.

Es la proveedora de unos 170 diarios y acapara el 75% del consumo doméstico de papel para periódicos, mientras que el resto proviene de la importación

El capital de Papel Prensa se reparte actualmente entre el grupo Clarín (49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la agencia oficial Télam) y La Nación (22,49%), con un 0,43% en manos de terceros.

En abril de 2008, la presidenta, Cristina Fernández, cuestionó por primera vez públicamente a los socios privados en la empresa.

La Ley de Medios Audiovisuales

El conflicto se agudizó en noviembre de 2009, tras la promulgación de la ley de Medios Audiovisuales que afecta a los intereses de los grandes grupos multimedia, cuando el ministro de Economía, Amado Boudou, pidió al Parlamento una investigación por supuestas irregularidades en Papel Prensa.

La Comisión Nacional de Valores (CNV, regulador de los mercados) abrió entonces un sumario por supuestas "irregularidades" en las decisiones del directorio de la empresa, mientras que los socios privados denunciaron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por un presunto "un plan criminal" para intervenir la compañía.

Clarín y La Nación fueron respaldados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que denunció un "ataque" del Gobierno a Papel Prensa que, a su juicio, "podría esconder el riesgo de que se condicione el suministro del insumo para controlar la labor informativa".

En enero pasado, Boudou anunció una resolución por la que Papel Prensa debería fijar un único precio de venta de su producto, medida que fue frenada por una orden judicial.

Un mes después, Moreno denunció al directorio de Papel Prensa y pidió la intervención judicial de la empresa, medida que también fue solicitada por la CNV, ante lo cual la Justicia nombró en marzo un co-administrador.

Una investigación

En abril, Moreno ordenó a los representantes del Estado en la compañía una investigación denominada "Papel Prensa: la verdad" -cuyo contenido fue divulgado hoy- sobre las circunstancias en las que Clarín y La Nación ingresaron al accionariado de la compañía durante la dictadura (1976-1983).

Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que crecer, incluso con violentas escenas dentro de la compañía y en las asambleas de accionistas que derivaron en nuevas presentaciones ante la Justicia.

La semana pasada,  un informe de la comisión fiscalizadora de Papel Prensa, integrada mayoritariamente por síndicos del Estado, denunció "extremas irregularidades y debilidades de control" en la compañía que la conducen a una situación de "máxima vulnerabilidad" y ponen en "peligro" su continuidad.

Según el informe, "la falta de un plan de inversiones" impide a la empresa cumplir con el mercado interno, con una producción que el año pasado llegó a 158.000 toneladas frente a una demanda de 250.000, y la gestión se orientó a "satisfacer los intereses particulares de los socios privados".

La compañía cerró el primer semestre con un patrimonio neto de unos 88 millones de dólares, activos por 110 millones de dólares y pasivos por 22 millones de dólares.