Francia defiende ante la UE limitar la libertad de circulación en casos como los de los gitanos

• El ministro francés de Inmigración dice en Bruselas que no puede ser "incondicional"
• La Comisión prepara un informe sobre la legalidad de las deportaciones
• Varios ministros del Gobierno de Sarkozy expresan su disgusto con las medidas

Autoridades francesas y rumanas se reúnen en París para hablar sobre la expulsión de gitanos

El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, ha defendido este martes en Bruselas que la libertad de circulación no puede ser "incondicional" en referencia a la deportación de miles de gitanos comunitarios procedentes de Rumanía y Bulgaria ordenada por el Elíseo.

"El logro europeo de la libertad de circulación es extraordinario pero no puede ser incondicional ni tampoco un pretexto para la realización de actividades ilícitas y, en particular, el tráfico seres humanos", ha afirmado Besson tras reunirse esta tarde con las comisarias europeas de Interior y Justicia, Cecilia Malmstrom y Viviane Reding.

Besson ha defendido ante Bruselas la compatibilidad de las deportaciones con el derecho comunitario y con "los valores de la República" y ha pedido a la CE cooperación para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y en favor de un plan de integración de la comunidad romaní en los Veintisiete.

En ese mismo sentido, el representante del Elíseo ha afirmado que ni en la directiva comunitaria ni en el Tratado de Lisboa existe ningún artículo que afirme que la libertad de circulación equivalga "a la regularización de todos los ciudadanos comunitarios en situación irregular".

La ley europea prevé ciertas excepciones al derecho de libre circulación, como la amenaza reiterada del orden público, ser una carga desproporcionada para la seguridad social o no tener recursos suficientes para mantenerse en el país de acogida.

Besson ha acordado con la comisaria Malmstrom trabajar para reforzar la cooperación judicial mutua y luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y en favor de un plan de integración de la comunidad romaní en los Veintisiete.

Besson ha negado que Francia haya llevado a cabo "expulsiones colectivas" y ha afirmado que detrás de cada deportación se encuentra una decisión judicial.

Según el ministro, el Gobierno francés quiere entrar en "una fase de diálogo constructivo con la Unión Europea (UE)" y se ha propuesto movilizar la "solidaridad" de los Veintisiete para impulsar la integración de los gitanos.

Recelo de la UE

El ministro francés encabezaba una delegación enviada por el Elíseo para defender las deportaciones ante las dudas que han despertado en la Unión Europea, que ha asegurado que sigue el proceso muy de cerca y ha encargado a Reding un informe sobre el asunto, que presentará este miércoles.

Reding explicará los resultados de un análisis político y jurídico realizado por sus servicios técnicos para aclarar la legalidad de la medida francesa, según ha aclarado la portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde.

El ejecutivo comunitario centra sus dudas legales en la posible violación de la libertad de circulación en la que podría incurrir el Gobierno galo, ya que los gitanos expulsados son ciudadanos de la Unión Europea.

Besson ya adelantó este lunes que su país tiene la intención de endurecer la ley para poder expulsar a aquellas personas que hagan "mendicidad agresiva" o que cometan delitos de manera reiterada, algo que podría entrar en conflicto de nuevo con la legislación comunitaria.

Hasta ahora, el Elíseo ha expulsado a más de 800 gitanos en un mes tras la ofensiva de desmantelamiento ordenada por el presidente Sarkozy, pero los gitanos rumanos y búlgaros expulsados pueden volver cuando quieran, ya que se trata de expulsiones voluntarias a cambio de una cantidad económica y el pago del viaje.

Mientras Sarkozy ha pedido seguir adelante con su política de endurecimiento de seguridad, convencido de que le hará revivir en los sondeos y a pesar de las tensiones que ha provocado en su propio Gobierno.

Las principales voces disidentes son las de su primer ministro, François Fillon, que ha mantenido un prudente silencio hasta el momento, y el ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, ejemplo de su política de apertura a los socialistas y que ha confesado que se planteó dimitir tras las medidas tomadas.

El conocido como 'paquete de seguridad' de Sarkozy incluye la revocación de la nacionalidad francesa a los inmigrantes convictos por ataques a la Policía, una medida cuya constitucionalidad ha sid puesta en duda.

Rebeliones

"El presidente ha expresado su inquebrantable compromiso para implementar estas propuestas en las próximas semanas", ha asegurado el Palacio del Elíseo en un comunicado.

Con un cambio de Gobierno previsto para octubre, los ministros se han distanciado del presidente, apoyado sobre todo por los titulares de Interior e Inmigración.

Fillon, más popular que Sarkozy, ha admitido que ha habido varias propuestas durante el verano que no acepta, en una abierta crítica al titular de Interior.

Estas palabras llegan un día después de que ministro de Defensa, Hervé Morin, asegurase que es equivocado relacionar inmigración con crimen.

Con cientos de miles de franceses que se espera que salgan a la calle este sábado en una manifestación contra las medidas de seguridad y el martes contra la reforma de pensiones, la oposición socialista cree que Sarkozy se enfrenta a una revuelta.

"En nuestro campamento no queremos divisores, no queremos a gente que trabaje contra nuestro propio equipo", ha advertido el secretario general del partido de Sarkozy, Xavier Bertrand, que ha recordado que ninguno de los ministros críticos ha dimitido.

Sin embargo, las críticas han continuado, esta vez de mano de la secretaria de Ciudades Fadela Amara, que se ha declarado públicamente contraria a las repatriaciones.