Los activistas tachan de "vergonzoso" que el Gobierno crea a Marruecos y zanje el asunto

• El Ejecutivo dice no tener pruebas que "avalen" la versión de los  españoles
• Exteriores ha dado por finalizado el caso tras la explicación de Rabat
• La saharaui Aminatu Haidar niega por su parte la verión de Marruecos

Varios de los activistas agredidos atienden a la prensa

Los activistas españoles que fueron agredidos al manifestarse en El Aaiún a favor de la autodeterminación del Sahara, han denunciado este martes el comportamiento "vergonzoso" del Gobierno, que no sólo ha traicionado al pueblo saharaui, sino también al pueblo español, cuyos ciudadanos respaldan en su gran mayoría la causa saharaui.

El Ejecutivo de Zapatero, que ha instado a sus ciudadanos a respetar la legislación vigente en el Sahara, ha dado por buenas las explicaciones del marroquí, que niega que fueran policías quienes agredieron a once de los activistas que desplegaron banderas saharauis y pancartas en una calle de la capital.

Los activistas retan al Gobierno a que si quiere reconocer la legitimidad de la ocupación marroquí en el Sahara, "que lo diga", porque la única legalidad en el Sahara es la legislación internacional y el respeto a los derechos humanos.

"No tenemos ninguna esperanza en el Gobierno español, confiamos en los ciudadanos libres, en la prensa libre y en que la presión internacional logre cambiar el rumbo del Sahara junto con la presión de los saharauis", han explicado los activistas en rueda de prensa.

Por su parte, el Gobierno de Canarias tampoco acepta la actuación marroquí y ha pedido información al Ejecutivo español.

Pruebas médicas de la agresión

Los activistas han recabado partes médicos, en los que se reflejan policontusiones pero sin daños internos, con los que quieren acompañar las denuncias que tienen previsto presentar ante la Subdelegación del Gobierno y eventualmente en los Juzgados.

La activista Sonia Díaz aseguró que nadie con sentido común duda de que fueron agredidos por la Policía marroquí vestida de paisano ni de la represión sobre los saharauis, ni siquiera José Luis Rodríguez Zapatero, "otra cosa son los juegos políticos".

Si una manifestación pacífica de once personas es un delito, "exigimos que se nos aplique la legislación", dijo Sonia Díaz, y subrayó que la aplicación de la legalidad en el Sahara supondría el cese de los encarcelamientos, arrestos y torturas, la realización de juicios justos, el cese de la expoliación de los recursos y la libertad de expresión y de manifestación.

Sonia ha instado especialmente a los medios de comunicación a visitar la zona, a ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo allí y a hablar con la gente.

"No se queden aquí enfocándonos a nosotros, vayan allá" a ver lo que Marruecos, España y Francia están haciendo con la población saharaui. "Ni siquiera nos tienen que creer, vayan y véanlo", ha dicho a los periodistas.

¿Un problema incómodo para el Gobierno?

La activista también ha denunciado la "asistencia ambigua" que les prestó el Gobierno de España, en particular Mariano Collado, el administrador de la Casa de España, que les dijo que tenía ganas de perderlos de vista.

El propio Mariano Collado dijo al médico privado que atendió a la activista Carmen Roger que había sido la Policía la que le había dado los golpes, sostuvo.

Sobre la afirmación marroquí de que fueron ciudadanos particulares los que les agredieron, reiteraron que se trataba de policías de paisano, de los que hay 7.000 en El Aaiún, y denunciaron que durante su estancia fueron espiados continuamente,  con micrófonos en el hotel, teléfonos intervenidos y un taxista que los llevaba al que luego vieron con el uniforme policial.

Los agresores, antes de la manifestación de los activistas, ya tenían dispuestas banderas y unas veinte cámaras de fotos y de vídeo con las que grabaron el ataque, afirmaron.

Eran "policías o lacayos de la policía", con un "director de orquesta de bigote y pelo cano" que daba órdenes de golpearlos mientras filmaban la paliza, y ese hombre es el que luego supuestamente los rescató de los agresores.

No se creen la versión de los españoles

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de la Iglesia, ha dado por cerrado el conflicto con Marruecos dado que el Gobierno no cuenta con elementos que "avalen" la versión de los activistas españoles que denuncian haber sido agredidos por miembros de la policía marroquí.

Según ha defendido en una entrevista en Radio Nacional, "todo parece indicar" que las lesiones se las produjeron grupos que no estaban de acuerdo con sus protestas.

La activista Aminatu Haidar, gran defensora de la causa saharaui, rechaza por su parte la versión de Rabat y afirma que el Gobierno marroquí no respeta al Ejecutivo español ni a sus ciudadanos.

Haidar ha afirmado que para la población saharaui las agresiones y la  represión por parte de autoridades marroquíes es "algo normal" que viven  diariamente.

El Sahara, un tema Tabú

La activista ha explicado que Marruecos basa sus relaciones bilaterales con la comunidad internacional en un punto: el reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sahara Occidental.

También establece un límite, ha dicho, que impide hablar del conflicto que mantiene Marruecos en los territorios saharauis, lo que Haidar ha considerado un tema "tabú" para el Gobierno de Rabat.

En cuanto a la postura española frente a Marruecos, ha opinado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "no tiene una postura clara" sobre la cuestión del Sahara Occidental y ha instado al Ejecutivo a que asuma su responsabilidad jurídica y moral.

Canarias exige al Gobierno "información detallada"

El Gobierno de Canarias ha  "exigido" al de España una "información detallada de los incidentes", según ha explicado su presidente, Paulino Rivero, que ha rechazado asimismo el  trato que recibieron los activistas de las autoridades marroquíes.

El Gobierno de Canarias "ha rechazado siempre, y siempre va a  rechazar", el uso de la fuerza contra las personas desde la opinión de  que los derechos humanos "hay que respetarlos en todas partes, aquí,  allá, por arriba y por abajo", según ha declarado Rivero al preguntársele por  la cuestión en una rueda de prensa que ha ofrecido ante el inicio del curso  político.

El presidente autonómico, de Coalición Canaria, ha destacado no obstante  que, al ser las relaciones exteriores competencia estatal, su Ejecutivo  ha pedido al Gobierno España un informe de la situación y del incidente.

En todo caso, ha cuestionado las primeras reacciones ante los hechos del  Gobierno, al que achaca haber dado "una respuesta en la línea de  Zapatero",  que dijo que es "de poco compromiso; una respuesta, entre  otras cosas, diplomática".