Sarkozy confirma que quitará la nacionalidad a los extranjeros que agredan a policías

• Aprueba que se expulse a los nacionalizados con delitos contra la autoridad
• La poligamia no será un motivo de expulsión, como quería su ministro de Interior
• Endurecerá la ley de inmigración para expulsar a residentes de la UE

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha confirmado su intención de retirar la nacionalidad a franceses de origen extranjero que atenten contra policías y gendarmes en un giro de la política de seguridad que ha generado fuertes críticas internas en su país y que cuestiona el concepto mismo de ciudadanía francesa.

En el transcurso de una reunión de arbitraje  "sobre las cuestiones de seguridad e inmigración", Sarkozy ha mostrado su apoyo a que se adopte "sin la menor dilación la posibilidad de retirar la nacionalidad francesa, dentro de un periodo de diez años después de haber accedido a ella, a aquellos que hayan atentado contra la vida de una persona depositaria de la autoridad pública, en especial de policías y gendarmes".

Con todo, se ha rechazado la propuesta de su ministro de Interior, de que se quite la nacionalidad a los que practiquen poligamia y que cometan fraude en las prestaciones sociales.

Las propuestas del ministro de Interior, Brice Hortefeux, habían sido puestas en dudas por su colega de Inmigración, Eric Besson, al considerar que podrían ser inconstitucionales, una apreciación que al final ha prevalecido.

Sin embargo, los expertos legales siguen pensando que el Consejo Constitucional, el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes, podría decidir tumbar la ley al considerar que va contra el artículo 1 de la Carta Magna, que considera qur todos los ciudadanos franceses son iguales ante la ley, independientemente de la raza, el credo o el origen.

"Me parece que esto supondrá un problema real", ha declarado el presidente del Senado, Gerard Larcher, miembro del partido de Sarkozy, que se pregunta si esta medida mejorará realmente la seguridad de los franceses.

El órgano constitucional permitió una excepción al artículo 1 en los 90 para poder quitar la nacionalidad a los inmigrantes convictos por actos de terrorismo y contra la seguridad del Estado, pero es más cuestionable que ahora adopten la misma decisión.

La izquierda y los intelectuales críticos con Sarkozy consideran que está animando un sentimiento racista contra el inmigrante al vincularla a delincuencia y creando de facto dos tipos de ciudadanía, la de origen que tiene plenitud de derechos y la adoptada, que puede ser revertida con determinadas condiciones.

Sin embargo, una encuesta publicada por el periódico Le Figaro tras el discurso hace un mes en Grenoble -donde habían sido agredidos varios policías por inmigrantes nacionalizados de los suburbios- mostraba un apoyo de tres cuartas partes de los franceses a la medida.

Más medidas contra los gitanos

Además, durante la reunión se ha decidido poner en marcha "una reforma de la ley de Inmigración para facilitar la expulsión de extranjeros en situación irregular y comprende, en caso de circunstancias particulares, de residentes de la Unión Europea", en una alusión directa a las expulsiones de gitanos que ha causado indignación en Francia e inquietud en el extranjero.

Estas expulsiones de residentes de la UE será facilitadas "en casos de amenaza al orden público, en ausencia de un medio de durable de subsistencia o en abuso del derecho a la libre circulación".

El jefe de Estado francés ha tomado esta decisión tras ejercer un arbitraje sobre este proyecto controvertido con los tres ministros implicados en el tema, el de Interior, Brice Hortefeux, la de Justicia, Michelle Alliot-Marie, y el de Inmigración, Eric Besson, así como el primer ministro francés, François Fillon.

En el encuentro se han cerrado las enmiendas a la ley que se presentarán ante la Asamblea Nacional el próximo 27 de septiembre.

Estas medidas son un resultado directo de las medidas anunciadas por Sarkozy el pasado 30 de julio, que supuso la aceleración de las expulsiones de gitanos rumanos, que ha provocado el rechazo internacional y de la oposición de izquierda, así como de la de su propio Gobierno.

La decisión llega apenas 48 horas después de que más de 70.000 personas saliesen a la calle en protesta por el conocido como "paquete de seguridad" de Sarkozy, donde se incluye este endurecimiento de la ley de Inmigración.