El 'problema' gitano explota en la cara de la UE

• La Eurocámara ha exigido a Francia que suspenda las deportaciones
• Las deportaciones de Francia muestran las grietas de la política europea
• Rumanía y Bulgaria han recibido millones en ayudas a la integración
• Los países occidentales esquivan la normativa comunitaria en las expulsiones
• Aumenta la presión para que la Comisión se haga cargo del asunto

Tras décadas sufriendo la persecución de la temida Securitate, Martin Mogos huyó de Rumanía rumbo a Alemania al caer el régimen de Ceaucescu. Durante once años vivió allí junto a su familia y sus tres hijos, pero el 7 de marzo de 2002 todos fueron arrestados en su casa y enviados de vuelta a Rumanía tras denegarse su solicitud de asilo.

Al llegar al aeropuerto de Bucarest, se negó a abrazar la nacionalidad de un país que tanto daño le había causado. Tras cinco años esperando su vuelta a Alemania, acabó colgándose en la sala de tránsito en marzo de 2007.

Ese mismo año decenas de miles de gitanos rumanos vieron cómo se les abría la posibilidad de emigrar a la Unión Europea sin acabar como Mogos: Rumanía se acababa de convertir en país miembro y con ella accedían a una serie de derechos que durante décadas, si no siglos, se les habían negado.

Así empezaba el primer capítulo de una historia de tres actos (huida, expulsión, retorno) que ha saltado a la luz pública gracias a la publicidad dada por el Gobierno italiano primero y este verano el francés, pero que lleva siendo una rutina en los mismos aeropuertos europeos donde Mogos esperó sin suerte tener una ciudadanía.

La Comisión Europea ha mantenido una actitud de tibieza al respecto, pero la Eurocámara no se ha dejado llevar por la ambigüedad, y este jueves ha aprobado una resolución que exige a Francia que "suspenda inmediatamente" la expulsión de gitanos.

Primer paso: la huida

El 80% de los gitanos en Rumanía y Bulgaria vive con menos de cuatro dólares al día. Su esperanza de vida es entre 10 ó 15 años menor que en el resto de la población. Viven en guetos aislados donde apenas hay servicios sociales y tienen una larga trayectoria de marginación por parte del resto de la población.

"Para ser un esclavo tienes que vivir en un lugar cercano a tu amo", señala María Ochoa-Llido, la representante del Consejo de Europa para la comunidad gitana, que liga buena parte de la marginación de este colectivo en Rumanía -que algunos cifran en hasta 2,5 millones de personas- a décadas de esclavitud.

Durante su proceso de adhesión, ambos países tuvieron que superar el capítulo del respeto a los derechos a las minorías y, tras entrar en la Unión Europea, recibieron millones de euros del Fondo Social Europeo y de los fondos FEDER para mejorar las condiciones de los gitanos, que rozan el 10% de su población.

Como ha señalado un experto de la Comisión Europea al Financial Times, desde 2003 los países de la UE han recibido 17.500 millones de euros para que tomen medidas para proteger a los gitanos y otra población vulnerable.

Sin embargo, desde el ejecutivo comunitario se es consciente de que, probablemente, gran parte de ese dinero no ha llegado a su destino. Rumanía y Bulgaria han visto cómo se han abierto varios procesos comunitarios por el problema endémico de la corrupción.

"En Rumanía, esperaba comer una vez al día; en Finlandia espero comer tres. Ésa es la diferencia", asegura un gitano rumano en un informe de la Agencia Europea de Derechos Humanos (pdf) sobre la situación de los gitanos en Europa.

Segundo paso: las expulsiones

A pesar de las restricciones de dos años que algunos países impusieron a la libre circulación de trabajadores de Bulgaria y Rumanía, lo cierto es que pertenecer al club de los 27 proporcionó a cientos de miles de gitanos el acceso a una serie de derechos que hacen que, con la legislación comunitaria en la mano, sea muy difícil -si no imposible- su expulsión definitiva de su suelo.

El Tratado de Maastricht primero y el artículo 45 de la Carta Fundamentales de Derechos de la UE de 2000 establecen la libertad de movimiento y residencia.

"Cada ciudadano de la Unión tienen el derecho de moverse libremente dentro del territorio de los estados miembros", señala con una claridad meridiana.

La Directiva de Libertad de Movimiento concreta este derecho en su artículo 6, en él se subraya que los ciudadanos de la UE pueden estar en otro estado un máximo de tres meses. A partir de ahí tienen que justificar su estancia con un empleo, un curso, demostrando que tienen recursos para subsistir o algún arraigo familiar.

Bajo esta premisa, el Gobierno francés ha realizado desde 2007 sucesivas 'deportaciones' voluntarias de gitanos, que a cambio de que les proporcionases una ayuda por hijo y le pagasen el viaje, abandonaban el país cada tres meses.

Tercer paso: retorno

Hecha la ley, hecha la trampa: estos gitanos pueden volver a sus países de origen de 'vacaciones' y entrar de nuevo en Francia para estar otros tres meses.

"Mientras que no cambien las condiciones en origen, ¿por qué no lo van a volver a hacer? El mecanismo de huída es el mismo o incluso reforzado, porque conocen que el Estado del bienestar le da unos derechos que allí no tienen", señala Belén Sánchez-Rubio, responsable de programas internacionales de la Fundación del Secretariado Gitano.

La propia Sánchez-Rubio detalla que en 2007 estuvo con una familia que acababa de volver de Lille (Francia) en Rumanía y que ahora se encuentra otra vez en el país galo.

Sin embargo, las luces de alarma saltaron en otro país, Italia, cuando entre 2007 y 2008 la política de desmantelamiento de poblados gitanos llevó a una serie de ataques racistas y expulsiones sin control.

Ante una delegación del Parlamento Europeo en septiembre de 2008, el ministro de Interior, Roberto Maroni, reconoció que había expulsado del país a unos 350 ciudadanos de la UE, pero sin concretar su etnia o nacionalidad, aunque en su inmensa mayoria eran gitanos rumanos.

La omisión no es casual. La letra pequeña de la directiva de libertad de movimiento permite a los países europeos la expulsión de ciudadanos de la UE por motivos de seguridad, pero deja claro que estas expulsiones solo serán de individuos que hayan cometido delitos, no de sus familias ni tampoco por pertenecer a un determinado grupo social o etnia.

La propia resistencia de la UE a hacer estadísticas en función de la etnia y la movilidad de este colectivo dificulta enormemente tanto el censo de los gitanos -se estima que hay unos ocho millones- como el número exacto de entradas y expulsiones.

"Los 8.000 gitanos que han sido expulsados de Francia en lo que va de año, ¿eran una amenaza para la seguridad? Entiendo que determinadas personas sean una amenaza, pero no un colectivo", denuncia la representante de la Fundación Secretariado Gitano.

Por eso, tampoco es casual que en la reunión de ministros de Inmigración celebrada en París el ministro italiano Maroni insinuase que era necesario reformar la legislación comunitaria para que las expulsiones tras tres meses de residencia fuesen definitivas... aunque de nuevo evitase referirse a los gitanos.

La responsabilidad europea

Con todo, lo ocurrido en Francia o antes en Italia no es más que un intento de sus gobernantes de darle un matiz público a una práctica habitual: las expulsiones colectivas de ciudadanos de la UE en situaciones de dudosa legalidad.

Por eso,como ironiza Sánchez-Rubio, "gracias a Sarkozy y Berlusconi los gitanos están en la agenda política".

Las expulsiones en Italia provocaron que la Comisión Europea empezase a plantearse sus políticas hacia el colectivo. La Comisión Europea ha aprobado una serie de recomendaciones para los países miembros a la hora de tratar a este colectivo y el Consejo Europeo del pasado mes de junio instó a tomar políticas efectivas de integración de estos colectivos.

El problema es que, en un contexto de crisis económica y de fuerte desgaste político, estos gobiernos opten por hacer una ostentación de la política de seguridad que lleve a una estigmatización de los gitanos.

Eso es lo que han denunciado los grupos de centro y de izquierda en el Parlamento Europeo ante la casi indiferencia de la comisaria de Justicia, Viviane Reding, que se ha limitado a agradecer la colaboración de las autoridades francesas.

"La retórica política contra los gitanos es similar a la de los nazis", ha denunciado el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg.

Este jueves, la Eurocámara ha decidido censura directamente lo ocurrido en Francia en lugar de limitarse a pedir a la Comisión una política común sobre gitanos. Sea como fuere, el camino que le queda a la Comisión después parece inevitable: asumir la supervisión de la política a un colectivo que, a fuerza de ser rechazado en sus países de origen y destino, se ha convertido en el 'estado' número 28.