De la Vega no ve "razonable" que los guardias civiles digan que se les trata como terroristas

• Asegura que la prohibición de su protesta para el día 18 se ajusta a la ley
• El Gobierno prohíbe una segunda manifestación en apoyo a los agentes
• Estaba convocada por Automovilistas Europeos en Acción en el mismo lugar

Los guardias civiles acusan a Interior de tratarles "como a etarras" y el Gobierno no lo ve "razonable"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no ve "razonable" que los guardias civiles digan que se les trata como a terroristas.

Los agentes han asegurado que se sienten así por la prohibición de la manifestación que habían convocado en Madrid para el día 18 de septiembre para reinvindicar mejoras salariales.

De la Vega asegura que respeta pero no comparte la opinión de los agentes del Instituto Armado y ha recordado que la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid "se ajusta a la ley a la jurisprudencia", que prohíbe a los guardias civiles manifestarse por el carácter militar del cuerpo.

En su resolución, el Gobierno justifica su decisión diciendo que la marcha "tiene un objetivo inequívocamente sindical" y recuerda que los guardias civiles y sus asociaciones profesionales "tienen constitucional y legalmente prohibido el ejercicio del derecho de reunión y manifestación cuando su objetivo sea de carácter político o sindical".

"Es una decisión en el marco de la ley", ha subrayado la vicepresidenta primera en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ha añadido que, no obstante, hay un recurso y que habrá que esperar para ver qué dicen los jueces.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, ha afirmado que "la Delegación del Gobierno, teledirigida desde el Ministerio del Interior, trata a la Guardia Civil como a terroristas de ETA. Han rastreado nuestras páginas web".

El Gobierno también prohíbe una manifestación de apoyo

La Delegación del Gobierno en Madrid ha resuelto no autorizar la manifestación convocada para el 18 de septiembre por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en apoyo de los guardias civiles después de que también prohibiera la protesta convocada por dos asociaciones de agentes para el mismo día.

Así lo ha confirmado a EFE el presidente de AEA, Mario Arnaldo, que ha explicado que la Delegación del Gobierno ha argumentado para denegar la autorización que la petición se presentó "fuera de plazo".

AEA ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que la comunicación se presentó a tiempo y que la decisión gubernativa vulnera el derecho de reunión y manifestación fijado en el artículo 21 de la Constitución.

Representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Unión de Oficiales (UO) han anunciado este viernes que asistirían a título particular a la manifestación "alternativa" convocada por AEA, al tiempo que acusaban al Gobierno de tratarles "como a terroristas".

Fuentes de la AUGC han calificado de nueva "argucia legal" los argumentos esgrimidos por la Delegación del Gobierno en Madrid para "impedir el derecho de reunión de los guardias civiles".

Respeto a las decisiones sobre Garzón

De la Vega también ha pedido respeto para las decisiones judiciales sobre el juez Baltasar Garzón, después de que el Tribunal Supremo haya pedido investigar sus ingresos por los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York.

La vicepresidenta ha recordado que "el Gobierno siempre respeta las decisiones del Tribunal Supremo y también la presunción de inocencia del juez. "Hay que dejar trabajar a la Justicia y respectar la presunción de inocencia".

Colaboración con argentina

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también presente en la rueda de prensa, se ha pronunciado sobre la reapertura de la investigación de los crímenes del franquismo por parte de la Justicia argentina.

Caamaño ha asegurado que España "estudiará todas las solicitudes de cooperación jurídica" como se hace en otras situaciones. El ministro ha subrayado, no obstante, que en nuestro país "se han reparado gran parte" del daño ocasionado en la Guerra Civil y la dictadura con iniciativas como la Ley de la Memoria Histórica.

"O bien por la acción del Gobierno, del Parlamento o los tribunales se ha ido poniendo remedio a esta situación. La sociedad española y la democracia han hecho mucho" aunque quede por hacer, ha añadido.