Condenados en Chile 14 militares por el asesinato de un agente de Pinochet

• Entre ellos se encuentras tres uruguayos
• Asesinaron a Eugenio Berríos, un químico que era agente de la dictadura Pinochet
• Se le atribuye la fabricación del gas sarín utilizado para eliminar a los disidentes

Un tribunal chileno ha condenado este viernes a prisión a catorce militares, tres de ellos uruguayos, por el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, químico y agente de la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.

De los 14 militares condenado, el mayor castigo ha sido para el ex mayor del Ejército chileno Arturo Silva Valdés, quien ha recibido una condena de 10 años y un día por el secuestro con homicidio más 3 años y un día por asociación ilícita.

A Berríos se le atribuye la fabricación del gas sarín que la dictadura chilena usó para eliminar a disidentes.

El ex agente pinochetista fue sacado clandestinamente de Chile en 1991bajo el nombre falso de Tulio Orellana, para impedir que declarara en el juicio por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier.

El agente fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de él. Años después, en 1995,  se encontró su cadáver en una playa de ese país, atado y con disparos en el cráneo.

Ocho años de cárcel

Por su secuestro y asesinato, además de la condena para el ex mayor del ejército chileno, también ha sido condenado el ex mayor del Ejército Jaime Torres Gacitúa, el ex oficial Manuel Provis Carrasco y el general retirado Hernán Ramírez Rurange (ex jefe de inteligencia del Ejército) a ocho años de cárcel por los delitos de secuestro y asociación ilícita.

En tanto, Raúl Lillo Gutiérrez, ex empleado civil del Ejército ha recibido una condena de cinco años y un día por el delito de secuestro y cien días más por asociación ilícita, mientras que Fernando Torres Silva, general y ex auditor del Ejército, fue condenado a tres años de cárcel.

En cuanto a los tres militares uruguayos procesados en la causa, el coronel retirado Tomás Casella ha sido condenado a cinco años y un día por su participación en el secuestro y a tres años y un día por asociación ilícita.

Por otra parte, el coronel en servicio Eduardo Radaelli ha recibido una pena de cinco años y un día de presidio por secuestro y 61 días por asociación ilícita, mientras que el también coronel en activo Wellington Sarli fue condenado a tres años y un día de prisión, aunque el juez le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

El general retirado Eugenio Covarrubias Valenzuela y los ex oficiales Pablo Rodríguez Márquez, Manuel Pérez Santillán, Marcelo Sandoval y Nelson Román fueron condenados por su participación en el secuestro y a todos se les concedió la libertad vigilada.

Los ex militares absueltos por el juez fueron Enrique Ibarra, Mario Cisternas, Nelson Hernández Franco y Erika Silva Morales y Emilio Rojas.

Indemnización de dos millones de dólares

El fallo ha establecido también que Gladys Schmeisser, viuda de Eugenio Berrios, sea indemnizada con 100 millones de pesos (unos dos millones de dólares) por los condenados y 200 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares) por el Estado chileno.

El querellante Gonzalo Berríos, hermano del agente asesinado, debe recibir veinte millones de pesos (unos 40.000 dólares) del fisco chileno.

De acuerdo a la sentencia, el juez Madrid ha establecido que el secuestro con homicidio de Berríos se desarrolló mediante una operación desarrollada entre los años 1991 a 1993, por personal militar "en servicio activo de los Ejércitos de Chile y Uruguay durante un período de plena vigencia del orden constitucional".

Los uniformados chilenos "apartándose de las funciones propias de sus cargos", formaron una organización paralela a la estructura regular de su ejército con conexiones extranjeras "para dar refugio y sustraer de la acción de la justicia" en países vecinos a militares procesados por diferentes delitos.

Otros cinco inculpados fueron absueltos en el fallo de primera instancia, dictado por el juez Madrid, que además determinó en la parte civil el pago de millonarias indemnizaciones a los querellantes en la causa.