El Gobierno peruano retira su polémico decreto que beneficiaba a represores

• Con esa norma, se archivaban los procesos que se dilataran más de tres años
• En protesta, Vargas Llosa había renunciado a presidir un museo de la memoria

El Gobierno peruano ha dado marcha atrás y ha pedido al Parlamento que derogue el decreto 1097, que había levantado una gran polémica por los beneficios de los que podían haberse beneficiado militares y policías vinculados con violaciones a los derechos humanos.

La secretaría de prensa de la presidencia ha confirmado que este lunes se ha enviado "con carácter de urgencia" la comunicación al Congreso de la República para rectificar la norma que el propio Ejecutivo había promulgado el pasado 1 de septiembre.

El proceso de derogación se podría realizar este mismo martes, ya que el parlamento peruano anunció que realizará un pleno extraordinario para tratar el controvertido asunto.

Una nota oficial ha precisado que el pedido fue acordado por el Consejo de Ministros "en resguardo de la vida constitucional y democrática del país, y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento" de la polémica norma.

Delitos prescriptibles y archivo de casos

El decreto 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.

El grueso de juicios por abusos a los derechos humanos ocurrieron entre 1980 y 2000, cuando Perú sufrió la violencia terrorista desatada por la banda armada Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

El Gobierno pidió la derogatoria de la ley pocas horas después de que el escritor Mario Vargas Llosa (y ex candidato presidencial liberal) renunciara a presidir la comisión encargada de la construcción del Lugar de la Memoria, un proyecto sobre los años de guerra interna peruana.

El escritor consideró en una carta enviada al presidente peruana, Alan García, desde París que el decreto 1097 "sólo va a traer desprestigio" al gobierno y consideró que "lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político" en su país.

Alivio parcial

La presidencia ha precisado que no se han pedido abolir los otros tres decretos que fueron promulgados junto al 1097, y que fueron dictados por el Ejecutivo gracias a una facultad especial que le otorgó el Congreso de forma transitoria.

Estos tres decretos regulan el nuevo Código Militar Policial, que mantiene la pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra externa, y el uso de la fuerza ante actos de la población civil, lo que grupos opositores han considerado como la "criminalización de la protesta".

Tras conocerse el pedido de derogatoria del 1097, el ex secretario de la Asociación Pro Derechos Humanos Ronald Gamarra calificó la acción del Ejecutivo de "rectificación absolutamente saludable", ya que se trataba de un decreto que no se "sostenía juridicamente".

Desde la promulgación del decreto, sectores políticos y sociales advirtieron del peligro que implicaba, al permitir la eventual prescripción y sobreseimiento de procesos contra militares y policías por violaciones a los derechos humanos. También la ONU se preocupó por el asunto.

La polémica se acrecentó después de que una veintena de miembros del grupo militar encubierto Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), pidieron acogerse al decreto.