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La Iglesia mediará entre el gobierno chileno y los huelgusitas mapuches

  • Tras dos meses sin comer, dos de los 34 indígenas están muy graves
  • Diversas personalidades se han sumado a las protestas de esta comunidad

Ver más: Análisis del corresponsal de RNE en Latinoamérica, Fran Sevilla

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Manifestantes en apoyo a los presos mapuches en Santiago de Chile
Manifestantes en apoyo a los presos mapuches en Santiago de Chile

La iglesia se han convertido en el mediador entre el Gobierno chileno y los 34 presos de etnia mapuche que mantienen una huelga de hambre desde hace casi dos meses. Lo ha anunciado el ministro de presidencia, Cristián Larroulet, tras reunirse con la persona que mediará entre los huelguistas mapuches y el Gobierno, el Obispo de la ciudad chilena de Concepción, Ricardo Ezzati.

Larroulet ha precisado  que el religioso será el encargado de "adoptar las conversaciones con quienes corresponda" para facilitar el proceso de "reencuentro" con los indígenas.

Los 34 presos de la etnia mapuche llevan desde el pasado 2 de julio en huelga de hambre en distintas cárceles del sur de Chile. Se consideran presos políticos y exigen no ser procesados por la actual ley antiterrorista chilena, así como no ser sometidos a un doble juicio ante tribunales civiles y militares.

Dos de ellos ya están hospitalizados en estado muy grave y al menos otros cuatro están también en situación límite como ha reconocido el ministro de Salud chileno. Entre los mapuches en ayuno hay dos adolescentes que se unieron al movimiento el pasado 1 de septiembre.

Los huelguistas exigen la constitución de una mesa de diálogon directo, pero el Gobierno ha insistido en que no se sentaría a dialogar con ellos hasta que no den fin a la huelga.

Apoyos civiles a los mapuches

Sin embargo, el pulso mantenido por los mapuches empieza a obtener algunos resultados y los ecos del conflicto parece que también resuenan entre la sociedad civil chilena. Este martes, 13 estudiantes, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han sumado a la huelga iniciada por los presos con el fin de reclamar al Gobierno una solución para su situación.

El objetivo de la medida, encabezada por el Frente Amplio de Solidaridad con el Pueblo Mapuche y la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago (COAMS), es involucrar a la sociedad civil en las movilizaciones a favor de los mapuches. Entre ellos se encuentran el presidente de la Comisión de Trabajadores del Cobreasí, el cantautor Pancho Villa, los presidentes de federaciones de estudiantes de siete universidades y tres mapuches, entre ellos Manuel Chocori, portavoz de la COAMS.

La ley antiterrorista

Según recoge Fran Sevilla en su blog, el pueblo Mapuche habita en las regiones del centro-sur de Chile, el territorio conocido como la Araucania, y, de forma más reducida, algunas zonas vecinas de Argentina. Su población se sitúa en torno al millón de personas, algunos censos reducen la cifra y otras fuentes la elevan.

El origen del conflicto se encuentra en unas tierras que hacia finales de los 80 el gobierno militar del dictador Pinochet entregó a las empresas forestales para su explotación. Desde entonces, los indígenas han estado movilizados para exigir su devolución y en algunas ocasiones sus protestas han incluido a actos de sabotaje contra las propiedades de las compañías.

Esto permite al Estado aplicarles la Ley Antiterrorista, promulgada por el gobierno militar de Pinochet, que actualmente sigue en vigor. Esta ley permite mantener a los acusados en prisión preventiva durante dos años o impedir a los abogados defensores el acceso a la investigación.

Este martes, el senado chileno ha aceptado llevar a trámite la modificación de dicha ley promovida por el presidente Piñera. Las modificaciones recogidas en esta iniciativa resulta sin embargo insuficiente para los presos mapuches, que han amenazado con continuar con su huelga de hambre.

La Iglesia ha vuelto a tomar protagonismo en un conflicto interno de un país latinoamericano, tal y como ocurriera con Cuba, cuando actuó como el mediador que permitió alcanzar un acuerdo con el Gobierno de la Raúl Castro para la liberación de 52 presos políticos cubanos.