Habrá huelga general en la minería del carbón a pesar del anuncio de expedientes a las empresas

• Industria pide información a las compañías mineras que deben dos nóminas
• Si no dan explicaciones, tendrán que devolver 367 millones de ayudas
• Los sindicatos lo ven insuficiente y pararán las minas entre 48 y 72 horas

Los sindicatos han convocado nuevas huelgas en la minería privada del carbón

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado cuatro días de huelga general en el sector de la minería del carbón y han comenzado un encierro en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hasta que se solucione la situación.

Al terminar la reunión con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, los representantes de las divisiones mineras de CCOO y UGT anunciaron una huelga en el sector para los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre, al considerar que en el encuentro no se han satisfecho sus reivindicaciones.

Al término del encuentro, Sebastián aseguró que la reunión había sido cordial y anunció la apertura de un expediente de inspección para los grupos Alonso y Viloria, que deben dos nóminas a sus trabajadores, para pedir información sobre el destino de las ayudas recibidas por estas compañías desde julio de 2009.

Las ayudas ascienden a 367 millones de euros. Sebastián ha indicado que si no reciben explicaciones satisfactorias sobre el destino de las ayudas concedidas a los grupos mineros pedirán el reintegro de la totalidad de las subvenciones recibidas.

Los representantes de los sindicatos van a permanecer en el Ministerio en una "asamblea permanente" y "sin límite temporal", con el objetivo de debatir las actuaciones que van a llevar a cabo próximamente.

La protesta afectará a cinco comunidades autónomas, que son Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. Junto a esto, las centrales sindicales han iniciado una acampada para el lunes en Ponferrada, delante de las empresas afectadas por el impago de salarios.

"Por buen camino" en Europa

Por su parte, el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, ha avanzado este miércoles en Madrid que la validación europea del decreto español sobre el carbón -asegurando su compatibilidad con la normativa comunitaria- "va por buen camino", y ha precisado que España recibirá una respuesta "en las próximas semanas".

Ese real decreto regula las ayudas a las centrales térmicas para que éstas consuman cierto porcentaje de carbón nacional, más caro que el que puede encontrarse en los mercados internacionales.

Hasta que Bruselas dé su visto bueno a esta regulación, el Gobierno -a través de la empresa pública Hunosa- ha seguido comprando la producción de carbón a las empresas privadas del sector, pero lo ha hecho con retraso y de forma insuficiente, según denuncian algunas compañías mineras.

Por eso, dos de esas empresas rechazaron los últimos contratos de compra, lo que les ha impedido pagar las nóminas de julio y agosto a sus trabajadores.

Ese hecho -unido al malestar porque Bruselas haya puesto el año 2014 como límite para las ayudas estatales al carbón- ha desembocado en numerosas protestas de los mineros, que han cortado carreteras y ferrocarriles, y medio centenar de ellos se han encerrado en una mina de Palencia.

Las protestas continúan

Las protestas continúan, a pesar de que este martes algunos mineros comenzaron a recibir una parte de la nómina de julio y estaba previsto que recibieran el resto del sueldo de ese mes antes del jueves.

Otro problema del sector del carbón español es que el Tratado de la Unión Europea establece que las ayudas a la extracción del carbón deben eliminarse completamente. Hasta ahora, esa supresión se ha ido retrasando, al conceder sucesivas prórrogas para dar tiempo a la reestructuración y reorientación del sector.

Por el momento, el último plazo aprobado termina en diciembre de 2010 y la Comisión Europea ha propuesto extenderlo sólo hasta 2014. Esa prórroga definitiva aún está pendiente de la aprobación de los Estados miembros de la UE.

Sus ministros de Industria deben ponerse de acuerdo antes de finales de este año y los principales interesados en alargar la moratoria son los países que aún no han eliminado esas ayudas: Alemania, Rumanía y, sobre todo, España.