Madrid anuncia que reducirá 2.000 liberados sindicales el próximo 1 de enero

• Asegura que lo aplicará aunque no haya acuerdo con los sindicatos
• Las organizaciones sindicales condicionan el recorte a una revisión total del convenio

El Gobierno madrileño hará efectiva su anunciada reducción de liberados sindicales en la administración regional el próximo 1 de enero, cuando recortará de 3.500 a 1.500 el número de esos representantes de los trabajadores "haya acuerdo o no" con los sindicatos, con los que este viernes se ha reunido para exponerles esta medida que -según sus cálculos- supondrá un ahorro de 73 millones de euros al año.

"Esta medida no supone ninguna restricción de ningún derecho sindical ni de la representación que, legítimamente, tienen encomendada por la Constitución los sindicatos de los trabajadores. Simplemente, es cuestión de racionalización esa labor, tan importante en un momento de crisis severa, que nos lleva al Gobierno a ejercer la responsabilidad de administrar los recursos de los madrileños", ha señalado.

Este recorte, ha asegurado Granados, se negociará con los sindicatos a partir del 30 de septiembre, una vez haya pasado la huelga general. Entonces, Gobierno y sindicatos se volverán a sentar para "estudiar" los datos que unos y otros tienen sobre liberados sindicales en la región.

Discrepancia en las cifras reales de liberados

La cifra final de liberados sindicales en la región madrileña ha sido el principal escollo en la reunión del Consejo regional de la Función Pública de este viernes, en la que han participado doce representantes del Gobierno de Esperanza Aguirre -encabezados por Granados- y quince miembros de CCOO, UGT y CSIT-UP.

Ante la prensa, Granados ha asegurado que estos trabajadores están "identificados, con nombres y apellidos", mientras que los representantes de CCOO, UGT y CSIT-UP han evitado dar cifras porque "no las conocemos" y han defendido que, cualquiera que éstas sean, "el número de representantes sindicales es absolutamente legítimo", ha dicho el portavoz de UGT, Fernando Sánchez.

Su homólogo de CCOO, Juan Antonio Olmos, ha criticado la manera "mezquina" en que el Gobierno de Aguirre ha anunciado su propósito de reducir el número de liberados, y ha apuntado hacia el próximo 30 de septiembre para negociar "globalmente" sobre empleo, salarios, condiciones de trabajo, modernización de la Administración regional "y también sobre los liberados".

Los sindicatos rechazan imposiciones

Por CSIT-UP, su portavoz, José Montero, ha coincidido con los sindicalistas anteriores en que los liberados "no son el problema más importante" de la Función Pública madrileña, al tiempo que ha advertido que "atacar" a los sindicatos "no es una buena forma de empezar a negociar".

Los tres sindicalistas han rechazado cualquier "imposición" por parte del Gobierno regional, aunque no se han pronunciado sobre si adoptarán medidas jurídicas si no se alcanza un acuerdo antes del 31 de diciembre, víspera de la entrada en vigor de esta medida, tal y como ha anunciado el consejero Granados.

El responsable regional de Presidencia, Justicia e Interior ha asegurado que "no es voluntad" del Gobierno madrileño "atacar" a los sindicatos, y que la rebaja de liberados se enmarca en las acciones tendentes a una reducción del gasto y del déficit público en un momento de crisis como el actual.