El presidente del Supremo pide que no se ponga en cuestión la labor de jueces y tribunales

• Carlos Dívar, que preside también el CGPJ, abre el Año Judicial
• Ha aludido a las críticas de politización por los procesos contra Garzón
• El fiscal general pide ayuda para luchar contra la corrupción

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha pedido este martes, en la apertura del Año Judicial, que no se ponga en cuestión la labor de los jueces y de los tribunales, porque la Constitución es la que legitima democráticamente al juez y la que lo coloca al mismo nivel de los demás Poderes.

En su discurso del acto, que preside el Rey, ha añadido que el descontento provocado por la actuación de los Tribunales en casos concretos "a veces trasciende el ejercicio del derecho a la crítica de las instituciones públicas para cuestionar, desde bases jurídico-políticas no siempre sólidas, la legitimidad democrática de nuestro modelo de juez".

Dívar ha aludido así, aunque sin citarlas expresamente, a las acusaciones de politización que en los últimos meses ha recibido el Tribunal Supremo (TS) por los procedimientos abiertos contra el juez Baltasar Garzón.

"Asistimos en ocasiones a manifestaciones públicas que ponen en cuestión" que el Poder Judicial goza de pleno fundamento democrático, lo que sucede, según ha explicado, en los casos en que la decisión del juez no ha sido bien recibida por sus destinatarios o por determinados grupos sociales o, en general, cuando la compleja labor judicial no es bien comprendida por los ciudadanos.

A veces, según Dívar, el juez "debe soportar la crítica por decisiones que no son de su responsabilidad, sino consecuencia de carencias o disfunciones ajenas a él".

A su juicio, no es correcto poner en cuestión la legitimidad de origen de los jueces, y la legitimidad del ejercicio de la jurisdicción corre riesgos "cuando la idea que la sociedad tiene de la labor de los jueces no se ajusta siempre a la realidad cotidiana del quehacer jurisdiccional".

"El grado de civilización de una sociedad se determina, también, por consideración a la eficacia de su sistema de Justicia y al grado de aceptación por parte de los sujetos de los mandatos de los jueces", ha señalado.

También ha manifestado que para que las decisiones de los jueces sean respetadas se precisa que su trayectoria profesional y personal sea acorde con la responsabilidad que asumen, y su legitimidad se logra mediante el respeto al ordenamiento jurídico y por la eliminación de cualquier factor que pueda incidir en su imparcialidad.

El presidente del Supremo se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña, en la que, según ha recordado, se reconoce al CGPJ como "único órgano de gobierno de los jueces y magistrados".

Dívar ha tenido un especial recuerdo con las víctimas del terrorismo y ha asegurado que la contribución de la Audiencia Nacional y del TS para eliminar esta lacra "sigue manteniendo el impulso que reclama nuestra sociedad, sin posibilidad de retroceder ni un milímetro".

También ha recordado a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado fallecidos en acto de servicio, como el caso de los dos oficiales de la Guardia Civil -José María Galera y Leoncio Bravo- y un intérprete -Ataollah Taefik Alili- asesinados el pasado 25 de agosto en Afganistán, y el agente Miguel Jorge Piñeiro, fallecido en el atraco perpetrado en A Cañiza (Vigo) el pasado 17 de agosto.

Por otra parte, ha aludido a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para sustituir al juez en la instrucción de los procedimientos penales, la cual, en su opinión, "de llevarse a cabo habrá de ser abordada con suma prudencia".

En cuanto a la actividad del Supremo, ha concretado que en 2009 el Alto Tribunal realizó "grandes progresos" para eliminar los retrasos y así, de los 48.536 asuntos sin resolver al comenzar 2005 se pasó a 24.597 al finalizar 2009, lo que supone una disminución del 49,32 por ciento.

Conde-Pumpido: No hay novedad en la lucha contra ETA

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha destacado que en la lucha contra ETA la novedad, "digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan", es que no hay novedad, al tiempo que ha reclamado el apoyo político y social a los fiscales en la lucha contra la corrupción.

Así lo ha dicho el fiscal general durante su discurso en el acto de apertura del Año Judicial y que ha comenzado citando las palabras del monarca el día de su proclamación: "que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un privilegio".

"Seguiremos haciendo cuanto el Estado de Derecho nos permita para que ni los asesinos, ni sus testaferros, ni quienes sirven a sus intereses usurpen con su presencia las instituciones democráticas", ha garantizado Conde-Pumpido, que ha tenido un recuerdo especial para el policía Eduardo Puelles y los guardias civiles Carlos Sáez y Diego Salva, asesinados por ETA en 2009.

Conde-Pumpido ha defendido el objetivo de la Fiscalía para "eliminar cualquier resquicio de la ley que ofrezca ventaja a quienes la desafían" y ha subrayado: "Digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan, seguimos y seguiremos cegando las vías de la violencia en todos los tramos de su cruel recorrido".

Una determinación que demuestran, ha dicho, las más de 400 diligencias incoadas por la Fiscalía en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo con el objeto de "arrancar del espacio público de la democracia los símbolos y las imágenes, a la vez desafiantes y patéticas", de los terroristas.

El fiscal pide colaboración para luchar contra la corrupción

En otro momento de su discurso, el fiscal general del Estado ha reclamado a todas las fuerzas políticas y sociales "la confianza y el apoyo unánime de todos los demócratas honestos" al trabajo arduo e imparcial de jueces, fiscales y  fuerzas de seguridad en la lucha de la corrupción.

Asimismo, ha considerado que la corrupción "no se vincula a una u otra formación política", sino al "abordaje ególatra y lucrativo del poder por parte de sujetos o grupos que sólo militan en su propio afán depredatorio y en el desprecio de la legitimidad democrática".

En este contexto, ha alabado la objetividad y dedicación de los profesionales que se enfrentan a la batalla contra la corrupción, en especial de la Fiscalía especializada en esta materia, cuyo trabajo -ha dicho- arroja "un balance demoledor" que les convierte en un enemigo a batir a ojos de los delincuentes.

También ha resaltado la necesidad de la cooperación internacional frente a los nuevos delitos que ha traído consigo la globalización, que ha provocado situaciones donde "la avaricia ilimitada de algunos hacía tambalearse la economía de Estados enteros", y en las que el criminal no encuentra fronteras.

En alusión a la crisis económica mundial, Conde-Pumpido ha apostado por la necesidad de la Fiscalía Europea para proteger los intereses económicos y financieros de Europa, ya que, en su opinión, no se puede correr el riesgo de "llegar tarde, cuando ya no haya intereses financieros que proteger".

El fiscal general ha querido concluir su intervención reiterando el mismo mensaje de Don Juan Carlos hace 35 años, con el que comenzaba su discurso, y ha asegurado: "Seguimos avanzando hacia el norte de la Justicia, que, como dijo Su Majestad, es el presupuesto de la libertad, con dignidad, con prosperidad y con grandeza".