El colmo de Malaya: Robar lo robado

• El primer administrador de los bienes incautados ha sido denunciado por Roca
• Generó una deuda de 7 millones con Hacienda y pasó facturas desorbitadas
• La segunda administradora, investigada por desviar dinero a sus cuentas

Las autoridades estiman que lo robado a las arcas públicas en el caso Malaya asciende a 460 millones de euros, cifra que coincide con la deuda acumulada por el consistorio marbellí durante los 15 años de Gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), periodo en el que Jesús Gil fue alcalde.

Las extravagancias de los bienes incautados a Roca despertaron aún más el interés público: un tigre llamado Meldoy, carruajes de época valorados en cuatro millones de euros, coches antiguos de lujo, palacios, caballos de pura raza, animales salvajes disecados o un Miró decorando su cuarto de baño, entre otras obras de arte.

Pero el escándalo no se detiene aquí. El siguiente capítulo lo escribieron los administradores designados por el juez para velar por que estos bienes, así como las empresas de la trama, no se depreciaran.

Invertir lo incautado en promociones ilegales

El primero de ellos, el economista José Luis Gallardo, dejó irregularidades fiscales en todas las empresas, generando una deuda con Hacienda de siete millones de euros, según un informe judicial.

Al mismo tiempo, vendió algunos de los bienes por debajo de su valor real, perjudicando a los negocios que debía gestionar. Parte del dinero que adquirió en estas operaciones lo invirtió en terminar una promoción ilegal de 104  viviendas que, evidentemente, no se pueden vender.

29.000 euros por desgaste de su coche

Gallardo tampoco realizó tasaciones ni inventarios de los bienes y pasó facturas desproporcionadas por sus servicios. Por ejemplo, en el caso del Palacio de Villagonzalo, se limitó a enviar informes al juzgado en los que escribía "sin movimiento", un trabajo por el que cobró 1.935 euros durante al menos siete meses.

El economista también facturó 1.364 euros al mes por desgaste de su coche, cifra que se elevó hasta los 29.000 euros en el periodo que desempeño sus funciones.

La defensa de Roca denunció al Gallardo por administración desleal, y éste se ha defendido alegando que muchas empresas no tenían liquidez o que estaban sin actividad.

En referencia a no pagar los impuestos, argumentó que "era absurdo poner al día los tributos si finalmente el dinero iba a acabar en las mismas manos (en referencia a Hacienda)", una idea inadmisible considerando que las empresas no serán del Estado hasta que lo diga un juez, algo que puede no pasar nunca.

Según el administrador actual, Juan Macías, aunque Gallardo tampoco  declaraba el IVA, sí lo cobró en las ventas que autorizó, como en la del  Palacio de Saldaña.

Desviar el dinero a cuentas propias

Gallardo dimitió en febrero de 2008, fecha en la que María Teresa Navarro ocupó su cargo, aunque fue por poco tiempo. A los cuatro meses empezó a ser investigada por desviar, presuntamente, 158.839 euros desde las cuentas de las sociedades bajo tutela judicial a las suyas propias.

El resultado es que en la actualidad la mayoría de estas empresas pierden dinero o han quebrado por falta de fondos. Además, varios de los caballos de raza han muerto de hambre.