Las escuchas de Ballena Blanca, origen de Malaya

• Tras casi cinco años de investigación, comienza el juicio del caso Malaya
• La operación se desarrolló en tres fases con más de cien detenidos
• La clave consistió en avanzar despacio para conseguir pruebas contundentes

Este lunes comienza el juicio del caso Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística conocida y que provocó por primera vez la disolución de un ayuntamiento, el de Marbella.

Pero el caso se remonta casi cinco años atrás. La alarma saltó en noviembre de 2005, cuando, a raíz de la operación Ballena Blanca (que desmanteló la mayor red de blanqueo de dinero del país), se interceptaron las conversaciones telefónicas que destapaban la trama ilegal en la Costa del Sol.

El fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, y el juez instructor, Miguel Ángel Torres, comenzaron la macrooperación. El objetivo era presentar el caso de manera global, y no como delitos aislados -ya había procesos contra varios miembros del ayuntamiento-.

Escuchas y vigilancias se convirtieron en el pan de cada día para demostrar que se trataba de una trama perfectamente organizada con conexión entre los implicados.

Pasos lentos y contundentes

La contundencia de las pruebas, que llevó a muchos a imputados colaborar con el juez, así como la cautela de las autoridades, que acordaron no efectuar detenciones hasta estar completamente seguros, hizo que Malaya sentara precedentes en toda España.

El 29 de marzo de 2006 se produjeron las primeras detenciones. Fue la primera fase de la operación, en la que las Fuerzas de Seguridad detuvieron a 28 personas, entre ellas a la entonces alcaldesa Marisol Yagüe, a la teniente de alcalde, Isabel García Marcos (que se encontraba de luna de miel), y al asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la trama. En camino estaban decenas de nuevos arrestos.

La operación se llevó a cabo en Málaga, Madrid, Murcia, Huelva y Cádiz, y en ella se bloquearon más de mil cuentas bancarias y se efectuaron 17 registros. En ellos se intervinieron mil pisos en Murcia, dos hoteles, fincas, dos helicópteros, 60 caballos de pura raza y obras de arte, entre otras pertenencias de los detenidos.

Segunda oleada de arrestos

La documentación incautada en los registros facilitó el desarrollo de una segunda fase, que se saldó con 32 nuevas detenciones en junio de 2006. Entre ellos había 13 ex concejales de Marbella, 15 constructores y varios empresarios. Poco después, el 19 de julio fueron arrestadas otras personas. Fue el turno entonces del ex alcalde Julián Muñoz y ex secretario del Partido Andalucista de Málaga y ex concejal, Pedro Pérez.

La tercera fase comenzó el 14 de marzo de 2007, cuando fueron arrestadas la esposa de Roca, María Rosa Jiménez, su hija, María Roca, su cuñado, Antonio Jimeno y la ciudadana sueca Karen Marika, por vender presuntamente lotería premiada para blanquear dinero.

El 1 de mayo fue detenido el ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román, "mano derecha" de Jesús Gil entre 1991 y 1998, y su hija Pilar Román.

El 2 de mayo la cantante Isabel Pantoja fue arrestada en su domicilio de Marbella acusada de varios delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. La artista fue puesta en libertad con cargos un día después tras pagar una fianza.

Nueva etapa tras el relevo de jueces

Importante también fue el relevo del juez instructor. Óscar Pérez, que sustituyó a Torres en verano de 2007, permitió que varios imputados en prisión incondicional, como Julián Muñoz, pudiesen salir de la cárcel bajo fianza.

Además, retiró la fianza impuesta a Isabel Pantoja y flexibilizó sus visitas al juzgado. No obstante, la tonadillera sigue implicada en el caso después de que el pasado mes de junio la Audiencia de Málaga rechazase sus recursos alegando que "existen indicios suficientes contra la artista".

Torres, al finalizar su labor en los juzgados de Málaga, afirmó que un caso como Malaya "te cambia la vida", e incluso "tus relaciones personales".

El letrado asegura que cada vez hay más casos de corrupción que son más difíciles de detectar y que muchos no afloran, por lo que tendría que haber una reforma del marco legislativo y más medios, como juzgados especializados.

Además, opina, "los partidos políticos pueden resultar un problema" porque "critican y se quejan de las decisiones judiciales cuando les toca a ellos".

Para conocer la sentencia de este caso, en el que hay 94 procesados, habrá que esperar a que concluya la vista oral que se inicia el lunes, y que fuentes de los juzgados de Málaga prevén que dure un año.