Colombia destituye e inhabilita a la senadora Piedad Córdoba por colaborar con las FARC

• Es la líder del grupo "Colombianos y Colombianas por la Paz"
• Colaboró en la liberación de varios rehenes
• Su abogado asegura que recurrira una sanción que 'no tiene precedentes'

La senadora colombiana Piedad Córdoba durante una rueda de prensa en Ginebra

La Procuraduría General de Colombia (el ministerio público) ha destituido e inhabilitado este lunes por 18 años a la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal, por colaboración con las FARC, según ha informado este organismo a través de un comunicado.

Córdoba facilitó en su día contactos y gestiones con las FARC para la liberación de algunos rehenes de esa guerrilla y lidera el grupo "Colombianos y Colombianas por la Paz".

Según informa el diaro colombiano El Tiempo, la senadora ya conoce esta decisión.

Una sanción "sin precedentes"

Por su parte, el abogado de Piedad Córdoba, Ciro Quiroz, ha anunciado que recurrirá la sanción de una condena que ha calificado de "sin precedentes" y que ha asegurado que ha sido impuesta "con sevicia".

"Es una sanción sin precedentes en la historia de Colombia y se nota cierta sevicia del operador judicial, como quiera que la senadora le tiene denuncias también al señor procurador(Alejandro Ordóñez", ha declarado Quiroz a la radio Caracol Radio.

Por todo ello, ha adelantado que "hará uso de los recursos respectivos" para "impugnar" la providencia emitida por la Procuraduría General (Ministerio Público) en contra de Córdoba.

Las pruebas de la acusación

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, "sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años", según un comunicado que ha difundio el ministerio, encargado del control disciplinario de los funcionarios públicos.

Ordóñez ha tomado la decisión al alegar que Córdoba ha "promocionado y colaborado con el grupo al margen de la Ley".

La investigación se inició a partir de los documentos hallados en los ordenadores del ex portavoz de las FARC Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", quien murió en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.

Según la Procuraduría, "se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias 'Teodora', 'Teodora de Bolívar', 'La Negra' y 'La Negrita', la parlamentaria se extralimitó en sus funciones, así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario".

El material ha sido corroborado con otros medios de prueba, trasladados desde la Corte Suprema y la Fiscalía a la Procuraduría.

Entre ellos, la fuente se ha referido a "salidas de emigración de la señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración de un infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el comandante del Frente 30, alias 'Mincho'".

Colaboración internacional

La Procuraduría también se ha apoyado en los informes de la Interpol y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), perteneciente a la Fiscalía, y de la Policía Judicial y de Investigaciones (Dijin) sobre la autenticidad de los medios electrónicos.

El Ministerio Público ha establecido de este modo "con certeza" que la senadora colombiana aconsejó a las FARC no enviar vídeos de personas secuestradas pero sí grabaciones de voz, "con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".

Córdoba, según la Procuraduría, también ha proporcionado información a las FARC "sobre asuntos diferentes a la liberación de secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos".

El Ministerio Público ha constado que la senadora "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países", sin mencionar a cuáles.

Asimismo "efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo".

Por último, el procurador Ordónez decidió absolver a Córdoba del cargo de "traición a la patria", al considerar "que las diferentes alocuciones que dio en contra de las políticas del Gobierno no configuran falta disciplinaria al no menoscabar la integridad nacional".

Esta medida supone un nuevo paso dentro de a política colombiana contra la guerrilla, que el pasado 23 de septiembre veía como su jefe militar era asesinado en el que ha sido calificado de un "golpe histórico".