Bruselas abre un proceso a Francia por las expulsiones de gitanos pero no por discriminación

• Considera que ha podido violar la directiva de 2004 de libertad de movimiento
• Da al gobierno francés hasta octubre para responder favorablemente
• Francia dice que sale con "la cabeza alta" de esta decisión

La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción contra Francia por no respetar la legislación europea tras las polémicas expulsiones de gitanos, pero no lo hará por discriminación étnica, en una decisión que trata de salvar la cara a ambas partes tras el agrio enfrentamiento mantenido en las últimas semanas.

Según ha anunciado la portavoz de la CE, Pia Ahrenkilde, el Ejecutivo comunitario ha decidido este miércoles enviar una carta de emplazamiento a Francia instándole a presentar antes del 15 de octubre un plan para alinear su legislación con la directiva europea de 2004.

"Francia no está aplicando la ley europea como debería en la libertad de movimiento, por lo que estamos iniciando un proceso de infracción contra Francia", ha anunciado la comisaria de Justicia, Viviane Reding, a la televisión francesa France 24.

En concreto, Reding considera que el ejecutivo galo no ha transpuesto a la legislación francesa las garantías procesales a los ciudadanos europeos como parte de una directiva de 2004 sobre la libre circulación dentro de la Unión Europea.

Estas garantías se refieren en particular a las normas que se aplican en el marco de las expulsiones de ciudadanos europeos como a las referencias expulsiones de rumanos y búlgaros desde Francia.

Con todo, la decisión formal no se tomará hasta octubre, tiempo hasta el que Francia tiene para "responder favorablemente" a los reproches de Bruselas, según ha añadido Reding.

Tras esta decisión, Francia ha considerado que sale "con la cabeza alta" del análisis hecho por la Comisión Europea de su política de desmantelamiento de campamentos gitanos y de su expulsión, intensificada durante el pasado verano.

"La Comisión constata que no hubo discriminación en el desmantelamiento de los campamentos ilegales ni en la expulsión. Francia sale con la cabeza alta", ha asegurado en una comparecencia parlamentaria el ministro francés de Inmigración, Eric Besson.

Ante esta situación, el Ministerio de Exteriores francés ha emitido una nota en la que ha mostrado su satisfacción por haberse librado del procedimiento con el que le había amenazado la comisaria de Justicia, Viviane Reding.

Tres opciones sobre la mesa

De esta manera y tras dos semanas de reproches,  excesos verbales y hasta una bronca personal entre Durao Barroso y Nicolas Sarkozy,  la Comisión Europea evita hablar de discriminación étnica, como llegó a decir Reding.

Sobre el papel, los comisarios europeos tenían tres opciones: archivar el caso; abrir un proceso de infracción contra Francia por defectos en la legislación francesa y abrir un proceso sin precedentes por violación de los derechos fundamentales.

El pasado 14 de septiembre, una Reding indignada por los constantes menosprecios del Gobierno francés hacia Bruselas, acusó a Francia de haber incurrido en el tercer escenario, de estar perpetrando una deportación colectiva por razones étnicas.

Su prueba de cargo era una circular fechada el 5 de agosto y en la que el Ministerio del Interior francés ordenaba a sus prefectos desmantelar de manera preferente "campamentos de gitanos".

"Pensaba que Europa no volvería a ver algo así después la segunda guerra mundial",  bramó la comisaría, iniciando así una espiral de reproches, culminada en la discusión a voz en grito entre Sarkozy y el presidente de la Comisión, Durao Barroso,  durante la cumbre europea del 16 de septiembre.

Búsqueda de una "decisión equilibrada"

Sobre la cuestión de fondo, Francia respondió a la Comisión que esa circular era errónea y había sido anulada, y aseguró que en ningún caso estaba expulsando a gitanos por el hecho de serlos, sino sólo a los que residían en su territorio irregularmente.

Las autoridades francesas se amparan  en que la libertad de establecimiento en la UE no es un derecho absoluto.  A partir del tercer mes de estancia, sólo pueden ejercerlo quienes demuestren tener medios suficientes para subsistir en el país de acogida. No hay discriminación étnica, aseguran, sólo aplicación de la ley.

En las dos últimas semanas, el equipo de juristas de la Comisión Europea han tratado de comprobar si esa es la verdad. Fuentes europeas destacan la "muy buena colaboración" que han mostrado desde entonces las autoridades francesas.

Pero, como avanzó Reding el 14 de septiembre, Bruselas tiene una segunda objeción: Francia no ha transpuesto plenamente en su ordenamiento legal la directiva europea de 2004 sobre garantías jurídicas en los procesos de repatriación.

No es un problema sólo francés -al menos cuatro estados más no han hecho aún sus deberes legales en la materia-. Pero da a la Comisión Europea la oportunidad de abrir un expediente contra Francia, sin llegar a acusarla de delitos mayores.

Según una fuente cercana al caso, es una "decisión equilibrada" ya que permitirá tanto a la Comisión y como al gobierno francés salvar la cara tras haber protagonizado uno de los conflictos más agrios en la historia de la Unión Europea.