El fiscal solicita prisión para seis de los siete miembros de Askapena detenidos el martes

• Solicita, además, fianza para la séptima arrestada
• Askapena articulaba las relaciones internacionales de ETA

El fiscal Vicente González Mota ha solicitado el ingreso en prisión de seis de los siete miembros de Askapena, el aparato internacional de la izquierda abertzale, detenidos el pasado martes en el País Vasco y Navarra, mientras que ha reclamado que a la séptima arrestada se le imponga una fianza.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han precisado que el fiscal ha realizado dicha petición durante la celebración de las vistillas previstas en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para adoptar medidas cautelares, que se han ido celebrando al término de cada interrogatorio.

El fiscal imputa un delito de integración en organización terrorista a Walter Wendelin -considerado el responsable de la organización-, Rubén Rolando Sánchez Bakaikoa, Gabriel Basáñez Ruiz, Unai Vázquez Puente, David Soto Aldaz y Aritz Gamboa de Miguel, así como para Itxaso Lekuona Legorburu, para la que ha reclamado una fianza de 5.000 euros para eludir la cárcel.

Los interrogatorios de los siete detenidos, que han negado los hechos que se les imputan, han comenzado alrededor de las 11.00 horas y los han realizado en situación de comunicación, es decir, han estado asistidos por abogados de confianza.

Según informó el Ministerio del Interior, de la documentación intervenida en mayo de 2008 al dirigente de ETA Francisco Javier López Peña, "Thierry", se ha deducido que Askapena es el "brazo internacional de ETA", con el cometido de "establecer canales de comunicación y colaboración con otras organizaciones terroristas".

Esos documentos acreditan "cómo las actividades de Askapena se integraban en el diseño estratégico que, en materia de relaciones internacionales, ha desplegado ETA, con el fin de difundir sus reivindicaciones, recabar apoyos exteriores para las mismas, deslegitimar al Estado español y establecer canales de comunicación y colaboración con otras organizaciones terroristas".

A esos vínculos con otras organizaciones se refirió el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que aseguró que los detenidos mantenían relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras que fuentes de la investigación consultadas en la Audiencia Nacional aseguran que también se han encontrado nexos con "movimientos bolivarianos".