Gobierno y PP plantean soluciones opuestas para los problemas generados por la renovación del TC

• El Ejecutivo acortaría el mandato de los cuatro jueces que nombrará el Senado
• Quieren evitar vulnerar lo establecido en la Constitución
• Los populares sugieren ampliar la permanencia de todos los magistrados

El Gobierno está estudiando hacer algún cambio legal para que el retraso acumulado de tres años en la renovación del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Senado no derive en una violación de la Carta Magna, que obliga a que los miembros del alto tribunal se renueven de cuatro en cuatro cada tres años, según varias fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press. 

Por su parte, el Partido Popular también prevé atajar los problemas derivados de la renovación y propone ampliar el mandato de todos los magistrados y agrupar los mecanismos de su selección. Sáenz de Santamaría ha dicho este jueves que lo ocurrido con el Estatuto de Cataluña ha demostrado la necesidad de acometer reformas sobre el funcionamiento del TC, entre las que ha citado la posibilidad de habilitar un cuerpo de letrados por oposición, tal y como sucede en las Cortes o el Consejo de Estado, para descargar el trabajo de los jueces.

El Gobierno y el PP lograron el martes un acuerdo para desbloquear la renovación de cuatro de los 12 magistrados del TC cuyo mandato estaba 'caducado' desde 2007 y el PP ya ha formalizado la candidatura de Francisco Pérez de los Cobos.

El retraso ha sido tal que en noviembre de este año expirará el mandato de otros tres elegidos por el Congreso (el cuarto de ese grupo, Roberto García-Calvo, falleció en mayo de 2008 y su puesto también está vacante). 

De esta forma, si el Senado nombra ahora cuatro magistrados con un mandato ordinario, su renovación volverá a coincidir, dentro de nueve años, con la renovación de los cuatro que corresponden al Congreso, lo que obligaría a modificar el mandato de la Constitución. 

El Gobierno plantea acortar los mandatos y el PP, ampliarlos

Para que esta situación no se produzca, el Gobierno cree que lo más adecuado es acordar con los grupos parlamentarios alguna modificación legal para abrir la puerta a que los nombrados ahora por el Senado tengan un mandato más corto, de seis años y no de nueve. 

Sáenz de Santamaría, por su parte, se ha mostrado más preocupada por la "independencia" del tribunal que por modificar la Carta Magna. Ha explicado que su partido apostaba por ampliar el mandato de los jueces y agrupar los mecanismos de su selección porque la institución que vela por la constitucionalidad de las leyes "no puede ser tan vulnerable como ha demostrado en los últimos tiempos".

"Sé que los partidos políticos hemos contribuido a ello, pero también sé que en nuestras manos está por delante la responsabilidad de que se restablezca su prestigio y su autoridad", ha continuado la portavoz del PP quien ha recalcado que su partido está en ello.

Cambios que podrían no llegar a tiempo

No obstante, no está claro que la reforma legal pueda hacerse a tiempo de entrar en vigor antes de que se haga efectivo el nombramiento de los nuevos magistrados, cuyo proceso de nombramiento está a punto de concluir en la Cámara Alta una vez que PSOE y PP han llegado a un acuerdo sobre los candidatos.

Además de evitar la coincidencia en la renovación de los jueves por ambas Cámaras, fuentes parlamentarias añaden que también se podría introducir una fórmula para que los magistrados deban abandonar el puesto transcurrido un tiempo desde que caduque su nombramiento, con el objetivo de obligar a los partidos políticos a ponerse de acuerdo en un plazo determinado para no dejar vacantes varios puestos del TC. 

Así las cosas, algunas de las fuentes consultadas apuntan que es posible que estos magistrados ocupen su puesto con un mandato ordinario y que la reforma legal se plantee para el futuro. 

La Constitución dice, en su artículo 159, que los miembros del Tribunal Constitucional "serán designados por un periodo de nueve años y se renovaran por terceras partes cada tres (años)". Un tercio de los nombramientos (cuatro jueces) corresponde al Congreso, otro tercio al Senado y el tercero al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que nombran dos magistrados cada uno. Además, los jueces deben permanecer en el cargo, aunque haya expirado su mandato, hasta que sus sustituto sea nombrado.