La Audiencia Nacional "duda de la constitucionalidad" del recorte a los funcionarios

• Señala que el decreto de recortes podría afectar a la libertad sindical
• Las partes tienen 10 días para presentar alegaciones a la cuestión
• Los sindicatos lo celebran y el Gobierno ve el recorte "claramente legal"

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia en la que hace constar sus "dudas sobre la constitucionalidad" de la redacción dada al artículo del decreto de medidas contra el déficit referido al recorte salarial a los funcionarios.

“Podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical“

En el texto, fechado el 4 de octubre, la Audiencia, de manera unánime, entiende que el decreto "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical" en relación con el derecho a la negociación colectiva.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional abre así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluye la rebaja de sueldo de los asalariados del sector público.

De esta forma, el tribunal admite la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos UGT, CCOO y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), y el Comité Intercentros de la FNMT.

Diez días para alegar

La providencia fechada el 30 de septiembre establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de 10 días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad.

La Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley, ya que podrían afectar "al contenido esencial" del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

La providencia del tribunal también plantea la cuestión de constitucionalidad sobre esta medida "por posible afectación" del derecho de igualdad, ya que en la ley se establece la reducción salarial sobre determinadas entidades del sector público y excluye al personal laboral no directivo de empresas públicas como RENFE, ADIF y AENA, que tienen convenios colectivos.

Los sindicatos lo celebran

Según el abogado de CC.OO. Enrique Lillo, esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.

Por su parte, UGT ha valorado de forma positiva la providencia porque que el texto apoya los argumentos presentados en la demanda.

Así lo aseguró a Efe el responsable jurídico de la Federación de Servicios de UGT, Félix Pinilla, quien ha señalado que cuando se presentó la denuncia ya pensaba que no prosperaría la decisión del Gobierno porque afectaba a convenios colectivos firmados con anterioridad al real decreto del Gobierno.

El Gobierno lo ve legal

Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que la Abogacía del Estado presentará en los próximos días ante la Sala Social de la Audiencia Nacional las alegaciones correspondientes que justificarán la reducción del salario a los funcionarios por "causas de interés público", ante la grave crisis económica y por la necesidad de reducir el déficit público.

"El Gobierno piensa que es una medida claramente legal, si no el Ejecutivo no la hubiera tomado", puntualizaron, al tiempo que indicaron que el procedimiento judicial "no ha terminado y está en fase preliminar".