Paro, diálogo social y pensiones, los retos del sucesor de Corbacho

• El nuevo ministro será la cara de las aún elevadas cifras de desempleo
• Además, deberá desarrollar la reforma laboral y la de las pensiones
• Para ello, deberá recomponer el diálogo social con sindicatos y patronal

Todo parece indicar que el de este viernes será el último Consejo de Ministros al que asistirá Celestino Corbacho, que espera ya su relevo al frente de Trabajo con la vista puesta en las elecciones autonómicas de Cataluña. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe decidir quién tomará las riendas del que probablemente sea el departamento más caliente en estos momentos.

El sucesor de Corbacho va a encontrarse con unas cifras de paro desbocadas, una reforma de la normativa laboral apenas implantada, un diálogo social destrozado y una crucial reforma de las pensiones en ciernes. Estos son los principales retos que afrontará el nuevo ministro.

Frenar el paro y (si es posible) crear empleo

Cuando Celestino Corbacho asumió la cartera de Trabajo, el 14 de abril de 2008, la crisis era sólo un nubarrón en el horizonte y la Encuesta de Población Activa contabilizaba 2.174.200 parados, lo que representaba una tasa de desempleo del 9,63%. El paro registrado en el servicio público de empleo era incluso menor: tan sólo 2.338.517 personas buscaban un trabajo.

El mercado laboral mostraba ya entonces signos de debilidad, pese a que unos meses antes se había marcado un mínimo histórico, cuando el paro bajó del 8% en el segundo trimestre de 2007. Sin embargo, la crisis inició una sangría de puestos de trabajo, especialmente cruda durante 2009, que ahora coloca a España entre los países con peores cifras de empleo de la Unión Europea.

Así, la última EPA sitúa la cifra de desempleados en 4.645.500, con una tasa de paro del 20,09%; en las listas del antiguo INEM estaban apuntadas en septiembre 4.017.763 personas, casi 50.000 más que un mes antes.

Por si fuera poco, hay un cierto consenso entre organismos e instituciones sobre el estancamiento de la economía española, que sólo será capaz de crecer a un ritmo significativo, es decir, capaz de crear trabajos, en 2012. Esto implica que el nuevo ministro tendrá que seguir poniendo cara cada mes a unas elevadas cifras de desempleo.

Desarrollar y aplicar la reforma laboral

La principal apuesta para relanzar la creación de empleo del Gobierno es la reforma laboral, recientemente aprobada en su forma definitiva por el Congreso de los Diputados, y que pretende impulsar la contratación indefinida a través de un contrato con 33 días de indemnización por año trabajado, entre otras medidas.

Aunque apenas lleva en vigor un mes, lo cierto es que las cifras del paro de septiembre no invitan al optimismo y persiste la sospecha de que la nueva normativa -que no ha agradado ni a partidos, ni a sindicatos ni a patronal- sirva más para agilizar los despidos que para acelerar las contrataciones.

Además, hay varios aspectos de la reforma laboral que deben ser desarrollados en forma de reglamentos, como la regulación de las agencias privadas de colocación -que debe estar en vigor antes de fin de año- o el modelo austríaco, por lo que el nuevo titular de Trabajo deberá negociar con los grupos parlamentarios y los agentes sociales.

Recomponer el diálogo social

La reforma laboral, propuesta de forma unilateral por el Gobierno tras el fracaso de las conversaciones entre los empresarios y los sindicatos en primavera, será sólo uno de los asuntos que el Gobierno debe abordar con los agentes sociales, que también tienen pendiente acordar los términos de la negociación colectiva.

Sin embargo, la relación del Ejecutivo con los sindicatos está tocada después de la aprobación de la reforma y la huelga general del 29 de septiembre, pese a los reiterados llamamientos de varios miembros del Gobierno para que los representantes de los trabajadores vuelvan a la mesa de negociación.

Del otro lado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) afronta un problema de liderazgo, con su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, cuestionado y a punto de convocar unas elecciones, a las que ha amenazado con presentarse de nuevo. En definitiva, un clima poco propicio para un diálogo sereno.

Aprobar la reforma de las pensiones

A finales de noviembre o primeros de diciembre, la Comisión no permanente del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados emitirá sus recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones, tras estudiar la propuesta del Gobierno, que incluye elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

A partir de entonces, el nuevo ministro de Trabajo deberá pilotar la negociación para consensuar la reforma con los grupos políticos y los agentes sociales, que ya han manifestado su rechazo por las medidas propuestas.

Zapatero, además, se comprometió a tener lista la nueva ley antes de final de año y, aunque cumplir ese plazo se antoja irrealizable, no convendría retrasar mucho tiempo una reforma exigida por Bruselas y que, como el resto de asuntos que manejará el sucesor de Corbacho, se revela clave para apuntalar la salida de España de la crisis económica.