La Fiscalía pide 220 años para los dos piratas detenidos por el secuestro del "Alakrana"
- Se les imputa 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia
- La Fiscalía subraya que se pagó un rescate por su liberación
- El juez reclama una indemnización de 100.000 euros para los secuestrados
Ver también: Especial Piratería en el Índico
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 220 años de prisión para los dos presuntos piratas detenidos por participar en el secuestro del atunero vasco "Alakrana" en octubre de 2009 y a los que imputa 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas.
Así consta en el escrito de acusación presentado ante la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal después de que el juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, concluyera el sumario contra "Abdu Willy" y "Raageggesey Adji Haman" el pasado 19 de julio y lo remitiera para su enjuiciamiento.
El fiscal también reclama que indemnicen con 100.000 euros a cada uno de los 36 marineros secuestrados, así como a la empresa propietaria del buque, "Echevaster Fleet S.L.U.", en la cantidad "que se determine en ejecución de sentencia" por los daños causados en la mencionada embarcación.
Se pagó un rescate
Su liberación, subraya el representante del Ministerio Público, tuvo lugar el 17 de noviembre de 2009 tras 47 días de "cautiverio" en aguas del océano Índico "tras el pago de un rescate cuya cuantía en este momento no se ha podido concretar".
Un rescate negado siempre por el Gobierno y que Pedraz investigó de forma paralela en otra causa relacionada con la supuesta trama financiera que pudo intervenir en la liberación del pesquero vasco e intermediar en el pago de un posible rescate, un sumario que el juez también concluyó.
Narración de los hechos
Según el relato del fiscal, el "Alakrana", con base en Bermeo, fue secuestrado sobre las 07:00 horas del 2 de octubre de 2009 con sus 36 tripulantes -16 de ellos españoles- "por parte de un grupo muy numeroso de personas procedentes de las costas de Somalia", cuya intención era obtener un rescate del armador a cambio de la liberación de los pescadores.
"Abordado el pesquero y tras asegurarse que el mismo quedaba plenamente en sus manos, evitando que pudiese ser ayudado" por buques que la Comunidad Internacional tiene desplegados en la zona, los asaltantes fueron a refugiarse a un puerto que consideraban seguro e iniciar "las negociaciones para conseguir el pago del rescate", señala el fiscal.
Al día siguiente, prosigue, los asaltantes disminuyeron la velocidad del pesquero, momento en que aprovecharon para soltar uno de los esquifes con los que habían abordado el barco, maniobra detectada por los servicios de vigilancia marítima, que enviaron a una patrulla, que distinguió "a dos personas de raza negra" dentro de la lancha.
Intervención militar
Tras obtener la autorización de la Fuerza de Actuación Atalanta, un helicóptero de la fragata Canarias controló el esquife "debiendo hacerse disparos de advertencia" para evitar "males mayores", lo que provocó que los procesados "se pusieran en pie levantando las manos".
Los militares se acercaron al esquife y ordenaron verbalmente en inglés a los supuestos piratas que se levantasen y entregasen, a lo que "hicieron caso omiso".
Ante esta situación, asegura el fiscal, Raageggesey "se levantó bruscamente e hizo un gesto con la mano para buscar en la barca", que provocó que los militares respondieran con dos disparos de advertencia, uno de los cuales hirió levemente al acusado.
Robo de los piratas
A continuación, se inspeccionó el esquife, en el que se encontraron 16 bidones de combustibles y varios efectos robados del "Alakrana": seis móviles, utensilios de cocina, instrumentos con el anagrama de la UE, así como una navaja de Albacete, además de incautarles unos 2.500 dólares americanos.
"Dichos bienes, propiedad de los marineros secuestrados, fueron sustraídos por los procesados para lucrarse económicamente con los mismos, bien apropiándoselos para su uso, bien para su posterior venta a otras personas", destaca el escrito, que añade que los "encausados participarían en el rescate solicitado como condición para la liberación de los ilegítimamente detenidos".
Pedraz concluyó este sumario el pasado 19 de julio, aunque ya lo había hecho en noviembre de 2009, si bien la sala le ordenó reabrirlo el pasado 9 de febrero para practicar nuevas pruebas a instancias de 4 de los 16 marineros del atunero personados en el proceso.