La mujer que comenzó la guerra judicial contra el canon, celebra la sentencia de la UE
- Ana María Méndez es la dueña de la empresa demandada por la SGAE
- Recurrió una sentencia que le obligaba a pagar 16.000 euros por el canon
- Ahora la UE señala que el canon que no es conforme con el Derecho de la Unión
Ver además : Sentencia íntegra (pdf) / Encuentro digital sobre el canon
Enlaces relacionados
Ana María Méndez, es la dueña de la empresa 'Padawan' que presentó el recurso contra el canon digital. Hoy ha celebrado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) haya declarado ilegal un gravamen que considera "injusto, indiscriminado y abusivo".
La sentencia que ha hecho pública el Tribunal declara que el canon que se aplica en España es ilegal, pero solo en parte. Es ilegal cómo se está aplicando a la administración pública, a las empresas y los profesionales, ya que "no es conforme con el Derecho de la Unión" según la sentencia.
Méndez, ha expresado hoy su satisfacción por este golpe contra el canon digital, que en su opinión "ha explotado por la avaricia" de las entidades que lo gestionaban, como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
La SGAE reclamó en 2004 a la comerciante 16.000 euros por el canon digital correspondiente a los dos años previos -cuando según Méndez todavía no estaban aplicadas las tarifas digitales- y, ante la negativa de la comerciante a pagar esa cuota, la llevó a juicio y consiguió que en 2006 un juzgado mercantil le diera la razón.
Ana María Méndez presentó entonces un recurso ante la Audiencia de Barcelona -el primero de España que cuestionaba el canon-, que elevó el caso al Tribunal de la UE para conocer si el sistema de gravamen español era conforme a la directiva europea.
“El canon se ha llevado por delante a muchos negocios“
Ahora, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que el canon digital que se aplica en España a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada "no es conforme" con el Derecho comunitario, aunque sí ha avalado que se aplique a particulares.
Para Méndez, el canon digital supone "una forma de recaudación injusta e indiscriminada" que, además, "se ha llevado por delante a muchos negocios" y ha provocado un alud de demandas ante los tribunales y se ha mostrado esperanzada en que la sentencia sirva para tener en cuenta al usuario en una nueva normativa.