Anticorrupción cree que la alcaldesa de Alicante debe ser imputada en el caso Brugal

• El fiscal la acusa de beneficiar al constructor Ortiz, y ella lo niega
• Sonia Castedo contextualiza las acusaciones en la precampaña electoral

El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo (PP), debe ser imputada dentro de la operación "Brugal" por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque ésta ha negado las acusaciones de trato de favor y las ha contextualizado en la precampaña electoral.

Arropada por el equipo de gobierno local, Castedo ha realizado una comparecencia sin preguntas y ha repartido una copia del escrito dirigido por el fiscal, Felipe Briones, al juzgado número 3 de Orihuela (que lleva el caso Brugal), donde a partir de informes policiales se enumeran supuestos delitos de la alcaldesa por su actuación con Ortiz, además de constructor dueño del Hércules CF.

Concretamente, el escrito del 17 de junio de 2010 del fiscal propone que se impute a la alcaldesa por la presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Estas investigaciones policiales y del fiscal se refieren a la parte del "caso Brugal" relacionadas con la tramitación del PGOU de Alicante, paralelas a otras como la del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, asunto por el que está imputado el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll.

La alcaldesa habría revelado al constructor información privilegiada

El documento de Briones facilitado por Castedo apunta a que ésta dio "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes".

Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y (estadio) "Rico Pérez", y relata llamadas como una del 26 de junio de 2008 entre Ortiz y el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, para hablar del proyecto de remodelación del campo del Hércules "con la anuencia" de Castedo (entonces concejal de Urbanismo) y el ex alcalde Luis Díaz Alperi.

También refleja que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario,  como el pago de unas vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, un viaje con familia y amigos en yate a Ibiza y la compra de un coche Mini Cooper.

Admite el viaje en yate, pero no el de Andorra ni el coche

Además, le atribuye peticiones a Ortiz para contratar a "personas de confianza", sobre lo cual la alcaldesa ha contestado que sí ha mediado tanto con él como con otros empresarios vinculados al ayuntamiento para tratar de dar empleo no a gente cercana a ella sino a alicantinos que sufren situaciones "dramáticas" por el paro.

En su defensa, la alcaldesa ha subrayado que,  salvo el viaje en el yate, todo es falso y ha mostrado facturas que acreditarían que pagó personalmente el viaje a Andorra y el montante del vehículo, por lo cual ha calificado el informe del fiscal de "sesgado y no contrastado".

Ha sostenido que en las tres zonas urbanísticas mencionadas no ha habido incremento de edificabilidad o recalificación alguna y, en todo caso, que "Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió".

Castedo lamenta la "tergiversación" de las acusaciones

La alcaldesa ha lamentado la "tergiversación" de las acusaciones que le dirige el fiscal y le recuerda que el PGOU es un documento público en el que es fácilmente demostrable "que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno",  pese a las posibles "aspiraciones" que haya podido tener el dueño del Hércules.

Por ello, ha interpretado que las conclusiones del fiscal suponen quebrar "el principio de presunción de inocencia" y ha añadido que lo único que lograrán es "hacer ruido, despertar el morbo mediático" y, quizá, dañar su imagen política y personal.

"No es un asunto judicial" sino "el comienzo de la campaña electoral de quienes ven en el PP no un adversario político sino un enemigo al que hay que destruir" con una "condena mediática, conscientes de que una derrota electoral es harto improbable", según Castedo.

"Sé que es difícil luchar contra la infamia y la difamación, sobre todo cuando parten de estamentos oficiales, pero lo voy a intentar con todas mis fuerzas", ha agregado.