La Justicia uruguaya declara inconstitucional la Ley de Caducidad para juzgar a Bordaberry

• El ex presidente será juzgado por la muerte de 20 personas bajo su gobierno
• La ley impide juzgar a uniformados que violaron la legalidad en la dictadura

El ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry llega a los tribunales de Montevideo.

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay ha declarado inconstitucional la Ley de Caducidad, que impide juzgar a uniformados que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), para una causa contra el ex presidente de facto Juan María Bordaberry.

Según la resolución emitida por el alto tribunal, la Ley de Caducidad no podrá aplicarse en el esta causa,  en la que se investigan 20 asesinatos cometidos bajo el gobierno dictatorial, y, por lo tanto, la fiscalía y los tribunales podrán juzgar el caso sin que quienes participaron de los hechos gocen de ninguna protección.

Esta es la segunda ocasión en la que la Corte Suprema declara inconstitucional la norma para aplicarse en un caso concreto, después de que en octubre de 2009 se pronunciara en contra de la Ley en el caso del asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

El expediente que ahora podrá ser investigado corresponde a una denuncia de diversas organizaciones de derechos humanos que acusan al ex dictador Bordaberry de tener responsabilidad en la muerte de 20 personas bajo su gobierno.

El pueblo apoya la ley de punto final

La Ley de Caducidad, que entre otras cosas obliga a que el Gobierno autorice cada investigación judicial que se inicie sobre los crímenes cometidos por uniformados en ese período, fue aprobada en 1986, nada más terminar la dictadura, y refrendada en dos ocasiones por la ciudadanía, primero en 1989 y luego en 2009.

Pese a ese respaldo de la ciudadanía, el oficialista Frente Amplio está impulsando una ley en el Parlamento que pretende dejar sin efecto esa norma, lo que ha generado una gran polémica entre el partido de gobierno y la oposición.

Bordaberry, de 81 años y que gobernó constitucionalmente entre 1972 y 1973 y luego como presidente de facto entre 1973 y 1976, ya fue condenado el año pasado a 30 años de prisión por atentar contra la Constitución, y a otros 30 por el asesinato de 14 personas desaparecidas bajo su mandato.