Bruselas defiende el decreto del carbón español ante la suspensión del Tribunal de Luxemburgo

• La Comisión Europea defiende los argumentos jurídicos de la autorización 
• Señala que la suspensión cautelar es "un procedimiento de rutina"

La Comisión Europea (CE) ha defendido este jueves los fundamentos jurídicos de su decisión de autorizar las ayudas de España al sector del carbón, después de que el Tribunal de Justicia de la UE anunciara la suspensión cautelar de dicha medida.

El Ejecutivo comunitario considera que su decisión del pasado 29 de septiembre -con la que daba luz verde a las citadas ayudas españolas- "está bien fundamentada en términos jurídicos", según ha señalado en rueda de prensa el portavoz de la CE, Jonathan Todd.

"Procedimiento de rutina" para ganar tiempo

La suspensión cautelar de la Corte de Luxemburgo "es sólo un procedimiento de rutina para dar tiempo a que el Tribunal decida si las medidas provisionales están justificadas", ha afirmado Todd al ser preguntado por el caso.

La máxima instancia judicial europea ha ordenado la paralización provisional de las compensaciones a las compañías eléctricas españolas que utilizan carbón autóctono para producir electricidad, a raíz de un recurso presentado por las empresas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa.

El presidente del Tribunal "ha decidido que necesita más tiempo para analizar esta demanda de medidas provisionales y, por lo tanto, no ha habido una decisión sobre la suspensión provisional y, aún menos, una decisión sobre el fondo de la cuestión", ha explicado el portavoz de la CE.

La Corte de Luxemburgo convocará próximamente a la Comisión Europea y a las citadas compañías españolas a que presenten sus argumentos en una vista oral o por escrito, según han dicho a EFE fuentes judiciales oficiales.

El siguiente paso del proceso será la emisión de un auto definitivo en el que se mantendrá o se levantará la suspensión de las ayudas, algo que "es sólo cuestión de algunas semanas", según Todd.

Por último, el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia sobre el caso, un proceso cuya duración media es de unos dos años.