El Constitucional le dijo "sí pero no" al Estatut de Cataluña a cinco meses de las elecciones
- El fallo sobre el Estatut de Cataluña se dilató en el tiempo 4 años
- Avaló la mayor parte del texto y no declaró inconstitucional el término nación
- Sin embargo, situó en igualdad al catalán y el castellano
- Además, descartó la creación de un Tribunal Superior de Justicia Catalán
- Zapatero anunció su intención de dar una salida a los artículos impugnados
- Montilla movilizó hasta la calle a la sociedad catalana en contra de la sentencia
Ver también: Especial de las elecciones catalanas del 28-N
Dice la ley electoral que los candidatos sólo pueden comenzar su campaña dos semanas antes de la celebración de los comicios. Pero si el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia sobre el Estatut de Cataluña a sólo cinco meses de las elecciones y tras casi cuatro años de deliberaciones, la batalla electoral se da por iniciada.
El pasado 28 de junio, diez jueces del TC -todos menos el recusado Pérez-Tremps y el fallecido García Calvo- sacaron adelante por 6 votos a 4 el séptimo borrador en el que avalaron la mayor parte del Estatut aprobado por el Parlament en septiembre de 2005 y en referendo en junio de 2006. De hecho, sólo 14 fueron declarados inconstitucionales, aunque se dictó una severa interpretación de otros 24.
En su sentencia, los jueces no declararon inconstitucional la definición de Cataluña como nación que figura en el preámbulo del Estatut, al considerar que el preámbulo en ningún caso es jurídicamente vinculante. Pese a ello, remarca la indisoluble unidad de España, apelando a la Constitución española. Sin embargo, sí cerró las puertas a la creación de un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e impidió imponer como lengua preferente el catalán.
"El castellano debe ser también lengua vehícular, aunque el catalán puede ser el centro de gravedad del bilingüísmo", se podía leer en la sentencia redactada por la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, y hecha pública sólo un día antes de una masiva manifestación en Cataluña en contra de la resolución.
“El origen de la reforma del Estatut se basó en el Pacto del Tinell“
Pero vayamos por partes. Esta sentencia fue el punto y seguido de un proceso iniciado tras el Pacto del Tinell, que, además de cerrar el primer tripartito de la historia democrática en Cataluña, sentó las bases de un compromiso suscrito por los tres miembros del nuevo Gobierno -PSC, ERC e ICV- para reformar el Estatut.
Más de 19 de meses de debate en el Parlament y otro medio año de negociaciones en las Cortes no fueron suficientes para que el texto aprobado en referendo el 18 de junio de 2006 contase con el apoyo de todos.
El recurso del PP ante el Constitucional
Por ello, sólo tres semanas después de su entrada en vigor, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad, al que luego se le añadieron seis: el del Defensor del Pueblo, además del Gobierno de Murcia, La Rioja, Aragón, Valencia y Baleares. El punto básico al que se oponía el principal partido de la oposición era la definición de Cataluña como una 'nación'.
En total, el PP impugnaba 114 artículos, además de nueve disposiciones adicionales de un Estatuto que el principal partido de la oposición calificó de "quiebra de los principios de libertad e igualdad entre los españoles que establece la Carta Magna".
Los meses pasaban y los diez jueces dilataban en el tiempo una decisión que copaba los titulares periodísticos. Los políticos catalanes no perdían ocasión y en cada comparecencia pública siempre ponían de manifiesto su malestar ante la "inoperancia" de los jueces y cuestionaban un posible recorte del Estatut, que estaba de plena vigencia.
Sin embargo, cuanto más se acercaban las elecciones, mayores eran los temores desde Cataluña al inminente fallo del Estatut ante la posibilidad de que sufrir un eventual recorte. Por este motivo, el Parlament aprobó en abril, con los votos de PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA, una resolución que pedía renovar el Tribunal Constitucional y que se declarara incompetente con el Estatut.
Base de la sentencia del Constitucional
Se trataba de un órdago que buscaba presionar para evitar que el Constitucional fallara sobre el Estatut teniendo las elecciones a la vuelta de la esquina. Pero el órdago no salió y los 10 jueces alcanzaron un acuerdo, casi in extremis, con el séptimo borrador de sentencia redactado por Casas, y después de haber sido descartados los elaborados por los jueces Elisa Pérez (progresista) y Guillermo Jiménez (conservador).
Sintetizando la base de la sentencia, los jueces deciden:
1. No declarar inconstitucional el preámbulo del texto, en el que se incluye la definición de Cataluña como "nación", dado que el preámbulo carece de "eficacia jurídica interpretativa". Además, da por bueno el artículo 8 del Estatuto, en el que Cataluña se atribuye "símbolos nacionales" dado que lo hacen "dentro de la indisoluble unidad de la nación española".
2. En cuanto a la lengua, sitúa en relación de "igualdad" al catalán y al castellano. A ésta última la equipara, otorgándole valor de "lengua vehícular", aunque reconoce al catalán el papel de "centro de gravedad en este bilingüísmo", aunque esto no suponga en ningún modo exclusión alguna. Los jueces impiden así que se otorgue al catalán el estatus de lengua preferente. Según la sentencia, además, todas las personas tiene derecho a usar las dos lenguas y el derecho y deber de conocerlas.
3. Respecto a la relación Estado-Cataluña, el tribunal impugna el artículo que declara la bilateralidad de las relaciones. Según la sentecia, las relaciones se deben basar en una situación de superioridad del Estado frente a la Comunidad Autónoma catalana y entre ellas debe regir en sus relaciones el "principio de lealtad institucional jurisdiccional".
4. La sentencia establece que es un "evidente exceso" la creación de un Consejo de Justicia Catalán -tal y como reza el texto del Estatut- y establece que el único órgano jurídico independiente debe ser el Poder Judicial catalán, ya existente.
Los líderes catalanes, "indignados"
Tras conocer la sentencia, las reacciones no se hicieron esperar. En una cuidada puesta en escena comparecieron todos y cada uno de los líderes. María Teresa Fernández de la Vega tomó la palabra por parte del Gobierno, quien leyó sólo unas horas después de hacerse público el fallo un comunicado en el que defendía que el Constitucional había certificado con su decisión "la validez y constitucionalidad" de "la práctica totalidad" del texto.
Una visión radicalmente opuesta a la del presidente de la Generelatit, José Montilla, quien llamó a manifestarse desde la "indignación" en contra de la "gravísima irresponsabilidad" que había cometido el tribunal, que a su juicio estaba "moralmente deslegitimado" para dictar esta sentencia. Un fallo que acató pero no compartía y que, "pese a los intentos del PP de liquidar el Estatut", había "fracasado en su propósito".
“Montilla exhortó a los ciudadanos a manifestarse en la calle en contra de la sentencia“
"El Constitucional ha escrito una de las más tristes páginas de la historia política y jurídica, más obsesionado en dictar sentencia que en hacer Justicia", sostuvo el líder del socialismo catalán, en una comparecencia improvisada pero no falta de solemnidad en la que acusó al órgano presidido por María Emilia Casas de hacer "un mal servicio a Cataluña, a España y a la Constitución de 1978".
Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, recalcó que acataba el fallo, aunque no respetaba su contenido "en la medida en que algunos artículos han sido declarados inconstitucionales".
Desde la bancada 'popular', el fallo del tribunal fue acogido con "satisfacción y prudencia", dado que el TC estimó "buena parte" del recurso presentado por el PP al cuestionar la constitucional de 50 artículos de calado. Pero la portavoz 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a todos los líderes políticos "prudencia, equilibro y moderación" para que hicieran una "lectura sosegada de la sentencia" ya que, según ellos, "estaban en juego las reglas de la convivencia en Cataluña".
Emitido el fallo, las posiciones a primerísima hora se situaron de esta forma: El Gobierno daba por bueno el fallo que respaldaba la práctica totalidad del texto; las autoridades catalanas, indignadas, incitaron a los ciudadanos a echarse a la calle, mientras que los impulsores del recurso, el PP, pedían "prudencia" porque estaban en juego "las reglas de la convivencia". Precisamente las mismas reglas que habían llevado a los tribunales y que están en vigor en territorio catalán desde el 9 de agosto de 2006.
Zapatero busca salidas a los artículos impugnados
La manifestación en defensa del Estatut, que se celebró sólo un día después de conocerse íntegramente todo el texto del Constitucional, fue masivamente seguida y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no vio más opción que tender la mano a José Montilla y llamarle a palacio.
Allí, y sólo una semana después de que anunciara durante el debate sobre el estado de la Nación su intención de dar una salida legal a algunos de los artículos del Estatut declarados inconstitucionales, se limitó a escenificar el apoyo político al texto estatutario.
Ni acuerdo de transferencia de competencias, ni listado de demandas, ni calendario, ni cambios inmediatos... Zapatero atisbó su intención de rescatar parte del texto impugando, pero pasado el verano.
Y hasta aquí se ha hecho... el siguiente paso lo dará Manuel Chaves, ministro de Política Territorial, y a quien el jefe del Ejecutivo le ha pedido que se ponga manos a la obra en el diálogo para hallar salidas "constitucionales" a las "inconstitucionalidades". Ardua tarea... ¿Será igual de lento el proceso que la emisión del fallo del Constitucional? Lo veremos.
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