Denuncian a Rabat por la muerte de un español en El Aaiún y piden que declare Trinidad Jiménez

• Denuncian a 3 ministros marroquíes por crímenes de lesa humanidad
• Piden que declare la ministra de Exteriores en calidad de testigo

La Liga Española Pro Derechos Humanos, artífice de la querella contra tres ministros marroquíes por crímines de lesa humanidad, ha solicitado a la Audiencia Nacional que llame a declarar como testigo en la causa a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, para que informe ante el juez sobre su conocimiento de los incidentes de El Aaiún.

La asociación hace esta petición en la querella presentada hoy contra los ministros de Exteriores, Taib Fasi Fihri; Interior, Taieb Cherkaui, y Defensa, Abderrahmane Sba‹, así como contra el gobernador marroquí de El Aaiún, Mohamed Guelmouss, a los que acusan de delitos de genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestros y para los que piden el procesamiento, la "detención inmediata" y el ingreso en prisión provisional.

La querella, presentada ante el Decanato de la Audiencia Nacional para su reparto, solicita la declaración en calidad de testigo de Trinidad Jiménez "a fin de que declare sobre estos hechos y por el conocimiento que tuvo de los mismos, así como de las medidas que se van a tomar al respecto".

El presidente la Liga Española Pro Derechos Humanos, Francisco José Alonso, ha asegurado a su llegada a los juzgados que confía en la Audiencia Nacional a pesar de la suspensión cautelar de Baltasar Garzón.

"Tenemos que tener fe en la justicia y más en la Audiencia Nacional, que se ha caracterizado por perseguir los delitos de lesa humanidad, no vamos a echar de menos a Garzón, que hubiese abierto diligencias, pero los demás jueces son igual que él", ha defendido Alonso.

El dirigente de la asociación quiso dejar claro que su querella no va "contra el pueblo marroquí ni contra la nación marroquí" sino contra Gobierno del país magrebí.

Pide que declaren testigos protegidos

El escrito presentado esta mañana señala a los tres ministros y al gobernador como responsable del asesinato del saharaui con pasaporte español Baby Hamday Buyema, que tuvo lugar la semana pasada durante el asalto al campamento Gdeym Izik y los posteriores incidentes en El Aaiún.

Los querellantes señalan que Baby Hamday Buyema, en la mañana del 8 de noviembre, cuando iba de camino a su puesto de trabajo en autobús, "fue interceptado por un control de policía". Los agentes "le sacaron a la fuerza y una vez en la calzada un furgón policial le atropelló y le pasó varias veces por encima, dejándolo malherido hasta que, por falta de auxilio médico, falleció".

Además de Jiménez, la asociación pide que en la causa presten declaración como testigos protegidos un total de diez personas -tres españoles y siete ciudadanos saharauis- que presenciaron los hechos, según explicaron a Servimedia fuentes de los querellantes.

El presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos señaló esta mañana que tienen "testigos de los hechos reales". "Hemos hablado con los cuatro hermanos y cuatro hermanas del difunto y están de acuerdo con nuestra querella", señaló Alonso, quien añadió que se está intentado que los dos hijos de Baby Hamday Buyema obtengan la nacionalidad española.

Gdeim Izik, el "campamento de la dignidiad"

El escrito hace un relato de los hechos y comienza explicando que una 20.000 personas, en su mayoría saharauis, fundaron hace unos meses a doce kilómetros de El Aaiún un campamento que llamaron Gdeim Izik, el campamento de la dignidad, con el objetivo de plantear "a los ocupantes una reivindicación pacífica".

También señala que el pasado 8 de noviembre el Gobierno marroquí, a través de las fuerzas especiales de policía y el ejército, lanzó "una brutal ofensiva" sobre los habitantes del campamento en la que se produjo la "persecución, aplastamiento y masacre" de los saharauis.

El resultado, según la Liga Española Pro Derechos Humanos, es que "más de 2.000 personas fueron detenidas, encarceladas y están siendo torturadas" y que "han muerto unas 100 personas sin identificar todavía, hay 600 desparecidos y más de 4.500 heridos".

Los querellantes aseguran que "no cabe duda de que el objetivo de estas acciones no es otro que acosar y destruir la nación saharaui evitando el acceso a la autodeterminación".

"¿Hasta qué punto España es responsable?"

La competencia de la Audiencia Nacional para investigar la muerte de Baby Hamday Buyema se apoya en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que otorga a este órgano jurídico capacidad para investigar crímenes de lesa humanidad cuando existan víctimas de nacionalidad española o vínculos relevantes con España.

De forma complementaria, la querella señala que, además de la víctima de nacionalidad española, la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos debido al "vínculo de conexión relevante con España" del Sahara Occidental, un requisito contemplado también en la modificación de la jurisdicción universal que recoge el artículo 23.4 de la LOPJ.

"Los recientes sucesos de El Aaiún han abierto el debate sobre hasta qué punto España tiene responsabilidad sobre un territorio que fue primero colonia y después provincia suya hasta 1976 y sigue siendo potencia administradora del mismo", señala el escrito, que añade que para la ONU y para el Gobierno saharaui España "ha sido y sigue siendo la potencia administradora del territorio".

Los querellantes concluyen que "se cumplen sobradamente los requisitos para que la justicia española intervenga en la investigación para que los crímenes cometidos no queden impunes".

Alonso indicó que no descartan que haya más ciudadanos españoles entre las víctimas de los incidentes, en cuyo caso se ampliara la querella presentada en la Audiencia Nacional.