El Gobierno británico indemnizará a los ex presos de Guantánamo que hayan sido torturados

• Varias fuentes aseguran que el Ejecutivo quiere evitar un largo juicio
• Se trata de un acuerdo extrajudicial

Un preso de Guantánamo durante una clase

El Gobierno británico indemnizará con millones de libras a una docena de sospechosos de terrorismo que denunciaron la supuesta complicidad del Reino Unido en las torturas de las que fueron objeto en Guantánamo y en otros lugares de detención.

Esta es la información que recogen varios medios británicos, como la BBC o The Guardian, según los cuales el Gobierno británico hará este mismo martes una declaración en la Cámara de los Comunes sobre ese acuerdo extrajudicial.

Las torturas

Todos los denunciantes son ciudadanos o residentes en Reino Unido y al menos seis de ellos aseguran que las fuerzas de seguridad británicas han sido cómplices de las torturas a las que fueron sometidos antes de ser trasladados a la prisión de la isla de Cuba.

Muchas fuentes apuntan a que con esta iniciativa lo que busca el Gobierno es de evitar un largo y costoso proceso que habría arrojado luz sobre ciertos métodos de los servicios de inteligencia británicos.

Entre los que denunciaron al Gobierno por los maltratos durante sus interrogatorios están Bisher al-Rawi, Jamil el Banna, Richard Belmar, Omar Deghayes, Binyam Mohamed y Martin Mubanga.

Esos ex reclusos acusan a los servicios de inteligencia británicos y a tres departamentos del Gobierno de complicidad en las torturas y de no haber hecho nada por evitarlas.

En concreto, uno de los casos más conocidos es el de Binyam Mohamed, de 32 años y vecino de Londres, que fue detenido en Pakistán en 2002 antes de que los norteamericanos le trasladasen a Marruecos, donde, según han denunciado sus abogados, fue sometido a salvajes torturas, antes de ser enviado a Guantánamo.

Mohamed, que fue puesto en libertad en 2009, asegura que en Marruecos sus torturadores le sometieron a un interrogatorio dictado por el MI5 (servicio de inteligencia interior británico).

Apelaciones a la acusación

El pasado mes de mayo, el Tribunal de Apelaciones de este país dictaminó que el Gobierno no podía recurrir a "pruebas secretas" para defenderse de esas acusaciones y, en julio, el Tribunal Superior ordenó la publicación de medio millón de documentos relacionados con esas supuestas torturas.

En torno a un centenar de funcionarios de los servicios de inteligencia han estado trabajando sin parar últimamente en ese caso.

Al optar por pagar indemnizaciones, el Gobierno ha querido evitarse un largo proceso, que habría sido mucho más costoso, y la posibilidad de sufrir reveses en los tribunales.

Los términos del acuerdo alcanzado entre las autoridades y los abogados de los denunciantes se mantendrán en secreto por decisión de ambas partes, aunque el Gobierno informará al Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento, así como a la Auditoría Nacional.

Según el diario The Times, el pago de algunas de las indemnizaciones acordadas corresponde a los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores.

Por su parte y de modo independiente, el Ministerio de Defensa se expone a otras trescientas demandas relacionadas con supuestos abusos de civiles iraquíes por parte de militares del Reino Unido.

Pese a todo, los servicios de seguridad británicos han negado en todo momento haber sido cómplices de la tortura y el mes pasado, el jefe del MI6, Sir John Sawers, calificaba esos métodos de "ilegales y aborrecibles".