Hacienda pide a las comunidades que publiquen su ejecución presupuestaria

• Pretende que lo hagan mes a mes, como ya hace el Estado central
• El objetivo sería eliminar incertidumbres sobre el déficit con más transparencia

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha reclamado a las comunidades autónomas que hagan públicos cada mes sus datos de ejecución presupuestaria, como hace el Estado, para mejorar la transparencia y eliminar las incertidumbres de los mercados.

En un encuentro organizado por el Foro Cinco Días, se ha mostrado confiado en que ese esfuerzo de transparencia se produzca ya y ha recordado que las comunidades autónomas ya informan de esos datos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no los hacen públicos.

Ocaña ha indicado que es importantísimo que haya transparencia en las finanzas para que la incertidumbre que hay en los mercados se despeje cuanto antes, por lo que ha animado a las comunidades a que adopten las mismas obligaciones de transparencia que tiene el Estado, que publica cada mes sus datos de ejecución.

En cualquier caso, ha recalcado que la publicación de esos datos por parte de las comunidades debería ser una iniciativa de ellas y no una obligación del Estado. En su opinión, será entonces cuando se descubra en líneas generales qué comunidades cumplen con su objetivo de reducción del déficit, "porque no todas tienen la misma situación".

Marcar un techo de gasto

El secretario de Hacienda ha señalado que el Gobierno puede imponer a las comunidades sus obligaciones de transparencia y ha recordado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya ha adoptado acuerdos vinculantes para dar información.

A este respecto, la ley dice que el Gobierno tiene la responsabilidad de supervisión y control de las comunidades, como en el caso de las autorizaciones de endeudamiento. Asimismo, Ocaña ha defendido que, al igual que el Estado, las comunidades tengan un techo de gasto, pero ha admitido que adoptar ese mecanismo depende de ellas.

Además, Ocaña ha asegurado que las comunidades autónomas todavía tienen margen para reducir su gasto social, al igual que ha hecho el Estado, sin que eso signifique un perjuicio para la cobertura y la calidad de los servicios.