La familia de Couso estudia acciones legales contra el Gobierno por las revelaciones de Wikileaks

• Según estos documentos, el Ejecutivo colaboró con EE.UU. en este caso
• El hermano del cámara asesinado en Irak califica lo ocurrido de "indignante"

Wikileaks: EE.UU. presionó a España para frenar procesos judiciales

La familia de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en Irak en 2003, estudia acciones legales contra el Gobierno español por los contactos mantenidos con la embajada de Estados Unidos sobre la investigación judicial de este crimen, según las revelaciones de Wikileaks que este martes publica El País.

Javier Couso, hermano del cámara, ha expresado su "indignación" y ha calificado de "gravísimas" los datos conocidos gracias a esta filtración, que ponen de relieve que EE.UU. presionó al Gobierno español para "frenar o boicotear" las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidentes involucrados en el caso Couso y otras causas judiciales.

En declaraciones a Efe, Javier Couso ha asegurado: "Siempre hemos sabido que existía connivencia por parte del Gobierno español..., lo sabíamos por la gente buena que todavía existe en los entornos judiciales".

"Es algo que llevamos denunciando desde el primer momento", ha aseverado Couso.

"¿Yo me pregunto ahora dónde queda nuestra soberanía nacional?", ha opinado Javier Couso, quien ha agregado que la familia iniciará acciones legales una vez analizados en profundidad los documentos relativos al "Caso Couso" en Wikileaks y comprobado que procede.

Además ha trasladado su satisfacción por el hecho de que hay órganos judiciales que sí les defienden.

Ayuda a EE.UU. del Gobierno español

Un documento fechado en primavera de 2007 destaca que el Gobierno español estaba ayudando en el "Caso Couso", según revelan los documentos publicados por El País.

Así, en abril de ese año, en un encuentro entre el entonces embajador estadounidense en España, Eduardo Aguirre, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ésta le aseguró que "estaba muy implicada en el seguimiento del caso" y que "una de las opciones que se estaban sopesando era la de presentar un recurso".

Según la información destapada, la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y un alto cargo de Defensa transmitieron al embajador norteamericano que el Gobierno español apoyaba la inocencia del ejército de Estados Unidos en la muerte de Couso y haría todo lo posible para frenar la investigación en los tribunales.

Además en enero de 2007, Conde-Pumpido mantuvo una entrevista con el embajador Aguirre para tratar el caso Couso. El fiscal general del Estado explicó que el Gobierno no podía hacer nada en este caso, pero que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención contra los tres militares implicados.