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La Ley de Memoria Histórica ha otorgado la nacionalidad española a 151.400 personas

  • Los beneficiarios, hijos y nietos de exiliados que la perdieron tras la Guerra Civil
  • En cuatro años se han destinado casi 20 millones a la financiación de 642 proyectos

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La aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica ha permitido recuperar la nacionalidad española a 151.400 hijos y nietos de exiliados que la perdieron tras la Guerra Civil, según los datos a 31 de octubre de este año.

Así lo ha detallado el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

En abril de este año, la cifra rondaba los 80.700.  Esto supone que en los últimos siete meses se ha duplicado el número de personas que son españoles por este motivo.

Balance de la Ley de Memoria Histórica

Allí ha hecho un balance de la entrada en vigor de la ley,  que incluye la mejora de las prestaciones de reconocimiento de pensiones,  asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos en la Guerra Civil, lo que ha beneficiado a 849 personas.

También se han incrementado en 13.506 las pensiones de orfandad en este mismo sentido y se han aprobado 57 indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión por los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía, entre otras medidas.

Cuantía económica de la Ley

Entre 2006 y 2010 se han destinado casi 19,5 millones de euros a la financiación de 642 proyectos para la recuperación de la memoria histórica.

Según los datos de los tres primeros trimestres de este año, 2.196 personas se benefician de las prestaciones aprobadas para los llamados "niños de la guerra" que fueron desplazados al exterior durante el conflicto.

Personalidades tan conocidas como Miguel Hernández o Lluis Companys figuran entre los 855 títulos expedidos como reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura.

Jáuregui explicó que "próximamente" los ciudadanos podrán acceder, a través de un dispositivo informático en Internet, al mapa de localización de restos susceptibles de ser exhumados.