El ministro de Trabajo apuesta por alargar la vida laboral para mantener las pensiones
- Descarta aumentar las cotizaciones sociales o reducir las prestaciones
- Asegura que la reforma debe ser "de calado" pero enmarcada en el consenso
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha insistido este miércoles en que alargar la edad legal de jubilación es la mejor garantía para asegurar el futuro de las pensiones y ha descartado otras medidas, como el aumento de las cotizaciones sociales ("que repercute en las empresas") o la reducción de las prestaciones (una medida que ha calificado como "regresiva").
Durante su primera comparecencia en la comisión no permanente del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, Gómez ha señalado que para el Gobierno una "reforma de calado" del sistema de Seguridad Social es una "cuestión de Estado" para la que quiere contar con el máximo apoyo.
Así, el ministro de Trabajo ha explicado que la propuesta del Gobierno presentada el pasado mes de enero plantea medidas en "una triple dirección": primero, reducir las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas; segundo, favorecer la ampliación de la base de población activa "con la incorporación de colectivos poco integrados, como los discapacitados" y las mujeres, y tercero, el alargamiento de la vida laboral.
El ministro ha destacado que, actualmente, la edad real de jubilación está en los 63,5 años y que la opinión del Ejecutivo al respecto es que "no es suficiente y hay que prolongar el pase a la edad de jubilación".
"Gran variedad de fórmulas" para retrasar la jubilación
Ese último punto ha sido el más destacado por Gómez, quien ha asegurado que para aplicarla "existen una gran variedad de fórmulas".
En opinión del ministro, la amplición de la vida laboral es "la más efectiva para garantizar el nivel de nuestras prestaciones". Para favorecer ese retraso, el responsable de Trabajo ha apuntado que pueden "incrementarse los incentivos para lograr una jubilación tardía", aunque a renglón seguido ha recordado que hasta ahora ese tipo de medidas "ha dado resultados insuficientes".
Esta expresión de Valeriano Gómez -junto al hecho de que no se haya referido a un aumento de la edad de jubilación legal de los actuales 65 años a los 67, tal y como señala la propuesta del Gobierno- ha sido bien acogida por los partidos de la oposición, que interpretan que el Gobierno está abierto a la negociación.
Así, el portavoz de CiU en la comisión, Carles Campuzano, ha calificado la reunión como "útil" porque ha demostrado que "los espacios de coincidencia son posibles". Algo que también ha remarcado el portavoz del PNV, Emilio Olabarría.
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien sin embargo se ha mostrado muy crítico porque el Ejecutivo ha optado por recortes en lugar de reestructuración del sistema. Aún así, Llamazares se ha mostrado "esperanzado" en poder llegar a un acuerdo.
La reforma de las pensiones es "imprescindible e inaplazable" para el Ejecutivo, según Valeriano Gómez, y por ello, ha apelado a la responsabilidad de los diputados y les ha pedido que aparquen sus diferencias y que trabajen juntos por lograr un acuerdo en las próximas semanas porque, según dijo, "es lo que necesita nuestro país y es lo que desean los ciudadanos".
En este sentido, el ministro de Trabajo ha destacado que "nunca antes tantas miradas, dentro y fuera de nuestras fronteras, se habían dirigido al Pacto de Toledo".
Respuesta a un desafío demográfico
Valeriano Gómez ha señalado que los próximos 40 años se va a producir "un importante envejecimiento de la población española", debido al aumento de la esperanza de vida y el mantenimiento de una tasa de fecundidad baja (1,7 hijos por mujer en 2018). Eso va a provocar una reducción de la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) de "más de medio millón de efectivos", ha añadido.
"Para comprender la magnitud de ese desafío demográfico", el ministro ha aportado un dato: el gasto en pensiones pasará de 8,6 millones de euros en 2009 a más de 11 millones de euros en 2015, y a 16,8 millones de euros en 2049.
Según ha destacado Gómez, esa partida de gasto en España sigue siendo inferior a la que hay en otros países como Alemania, pero -ha añadido- "el crecimiento del gasto será muy fuerte en la próxima década, con la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom, de aquellos nacidos entre 1950 y 1969".
En consecuencia, el Estado español "pasaría de gastar 5 puntos del PIB en pensiones en 2019, a gastar más de un 11% del PIB en 2050". Así, el ministro ha destacado que el gasto total en el sistema de pensiones podría pagarse con las cotizaciones hasta 2023, pero a partir de esa fecha, el fondo de reserva debería compensar que el gasto en pensiones superará los ingresos por cotizaciones, algo que sólo podría hacer hasta 2029 si se cumplen las previsiones demográficas. "Pero a partir de ahí, el Estado debería pagar para compensar" la diferencia entre ingresos y gastos, ha concluído el ministro.
El PP, contrario sólo al retraso de la jubilación
El portavoz del PP en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, ha afirmado este miércoles que el retraso de la edad de jubilación a los 67 años es la única propuesta que separa a su formación de lograr un acuerdo con el Gobierno para la reforma de las pensiones.
En respuesta a la comparecencia del ministro, Burgos ha asegurado que "es una sola medida la que nos separa", pero criticó que el Ejecutivo "persiste en mantenerla".
Burgos ha destacado que el acuerdo es factible en el resto de cuestiones, como en la necesidad de "poner freno" a las prejubilaciones, la revisión de la jubilación anticipada o la integración de los regímenes especiales de la Seguridad Social en el Régimen General, entre otros.
También cree que el consenso es posible en el incremento de la contributividad del Sistema, es decir, en aumentar la relación entre lo aportado durante la vida activa y lo percibido tras la jubilación.
Dentro de estas medidas se incluye el aumento del período de tiempo utilizado para calcular la cuantía de la pensión.
En este sentido, el portavoz popular ha asegurado que "puede haber coincidencia" entre su grupo y el Gobierno sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones "si hoy admite que la propuesta de 67 años no tiene respaldo".