Los controladores pretenden que permisos y bajas cuenten dentro de su jornada laboral

• El Gobierno ha aclarado este viernes que la actual ley no incluye esas horas
• USCA había convocado asamblea en todos los aeropuertos para seguir esa aclaración
• Mientras el sindicato reclamaba calma, los controladores abandonaban sus puestos
• La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias por un presunto delito de tráfico aéreo con sedición

El origen de la protesta masiva de controladores aéreos que ha obligado a cerrar este viernes el espacio aéreo español está en una aclaración realizada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado. Después del Consejo de Ministros, Salgado ha explicado que las horas sindicales, las imaginarias, las licencias, las bajas por incapacidad laboral y las reducciones de jornada "no se computarán en este máximo anual" de 1.670 horas fijado por la ley que regula el tráfico aéreo que entró en vigor el 15 de abril de este año.

El conflicto sobre la interpretación de las horas mantenía ya en alerta a los controladores desde primera hora de la mañana, ya que su sindicato, USCA, remitió una nota de prensa en la que informaba de que había convocado "a los controladores de toda España a una Asamblea Permanente", que "se celebrará simultáneamente en todas las dependencias del territorio nacional con el fin de poder valorar las medidas que el ministro de Fomento ha anunciado que pretende llevar al Consejo de Ministros".

Después de las palabras de Salgado, los portavoces de USCA pidieron "calma y serenidad" al colectivo y aseguraron en rueda de prensa que estos trabajadores acatarían lo dicho por el Gobierno. Según explicó en esa misma comparecencia, el sindicato consideraba que este cambio normativo no ocasionaría ninguna falta de trabajadores en lo que queda de año.

La actuación de los controladores contradice a su sindicato

USCA también advirtió que estudiará el impacto de esta nueva medida en cada dependencia y, posteriormente, analizaría posibles movilizaciones. En palabras de presidente, Jesús Cela -que compareció junto a los portavoces del sindicato, César Cabo y Daniel Zémit-, el decreto "es una nueva regulación", que el Ejecutivo ha tenido que aprobar para no reconocer que AENA se había equivocado al fijar la jornada anual.

Al mismo tiempo que comenzaba esa rueda de prensa de sus representantes sindicales, la mayoría de los controladores aéreos que estaban en turno en casi todos los aeropuertos del país "se han levantado de sus puestos", según AENA, y se han declarado "incapacitados para el servicio". Las "bajas han sido masivas y concertadas", señalaba en ese momento de confusión el gestor aeroportuario.

Ante las continuas preguntas de los periodistas, USCA insistió en que todas ellas eran bajas "espontáneas" y que, desde el sindicato, no se había convocado "ninguna huelga". Sin embargo, asegura que el comportamiento de los controladores responde a la enorme presión que sufren y al estrés provocado por las medidas del Gobierno.

Varios viajeros increpan a un grupo de controladores

Más tarde, en declaraciones a diversos medios de comunicación, uno de los portavoces de la unión sindical, Daniel Zémit, realizó un llamamiento "a la responsabilidad para que vuelvan a sus puestos de trabajo" los controladores que habían abandonado su puesto y pidió a los incluidos en el siguiente turno (el que comienza a las 22 horas) que acudan a trabajar.

Mientras USCA realizaba este llamamiento, un nutrido grupo de controladores que habían solicitado la baja médica permenecían reunidos en el Hotel Auditorium de las afueras de Madrid para analizar la situación. Allí les han visitado dos inspectores de seguridad aérea, escoltados por agentes de la Benemérita y 20 policías nacionales, para explicarles las consecuencias legales de su comportamiento -si no acatan la orden militar de volver a su puesto o desobedecen a la autoridad militar una vez en él, pueden ser acusados de un delito de desobediencia, penado con entre seis meses y seis años de prisión-.

En la entrada de ese mismo hotel también se han concentrado un numeroso grupo de viajeros afectados por la huelga encubierta. La tensión ha estallado cuando varios controladores llegaban a unirse a más compañeros congregados en una sala del hotel y varias personas les han increpado con gritos de "¡despido ya!".

Presunto delito de tráfico aéreo con agravante de sedición

La actuación de los controladores puede constituir un delito en el tráfico aéreo, con un agravante de sedición -penado con hasta 8 años de cárcel-, según ha informado la Fiscalía de Madrid, que ha abierto ya diligencias para investigar lo sucedido.

El fiscal ha pedido a la Policía y a AENA que le informe sobre aquellos controladores que se han ausentado de sus puestos de trabajo, mientras que la Guardia Civil que ha acudido al Hotel Auditorium también ha procedido a identificar a los controladores reunidos.

Las fuentes de la Fiscalía han señalado que estas actuaciones se llevan a cabo en virtud de los artículos 20 y 21 de la Ley Penal de Navegación Aérea que establece el delito de tráfico aéreo y el agravante de sedición, en caso de que se observe una voluntad intencionada de paralizar el tráfico aéreo.

Una aclaración incluída en un decreto económico

La aclaración realizada por la vicepresidenta económica está incluída en la parte del real decreto-ley de nuevas medidas económicas en la que se diseña un nuevo modelo de gestión aeroportuaria. Entre otras cosas, esa norma fija qué servicios aeroportuarios se podrán privatizar, y cómo podrá reforzarse la garantía de seguridad y continuidad de la prestación de servicio, un punto en el que se permite recurrir a medios militares para asegurar ese servicio.

Así, según lo recogido en esa norma, AENA ha explicado que sí computan dentro de las 1.670 horas, el tiempo que los trabajadores están trabajando en frecuencia, los descansos nocturnos y diurnos, el tiempo de guardias y la formación cuando implica gestión de tráfico en red.

Durante los últimos días, los controladores del aeropuerto de Santiago de Compostela han realizado diversos paros con el argumento de que ya han superado ese límite de 1.670 horas de jornada laboral, un aspecto negado por AENA porque -según el gestor aeroportuario- incluyen en esos cálculos esas actividades de carácter no aeronáutico.