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Los grupos minoritarios rechazan el decreto de alarma y piden su retirada

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Diputados de IU-ICV, BNG, UPyD, NaBai y UPN han rechazado este jueves con parecida contundencia el plante de los controladores aéreos y la respuesta "desmesurada" y "sobreactuada" del Gobierno con la declaración del estado de alarma, cuya retirada inmediata exigieron algunos de ellos.

Así se han pronunciado en el pleno del Congreso de los Diputados después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, justificara la proporcionalidad de su actuación para obligar a los controladores aéreos a volver a sus puestos ante la "afrenta al orden público constitucional".

El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha condenado "sin ambigüedad" el "abuso de poder" de los controladores, porque con su plante han debilitado la defensa de los derechos laborales y sociales, el derecho de huelga y el rechazo de la política de privatizaciones.

Pero ha considerado también que "el fin no justifica los medios", que al Gobierno "se le ha ido la mano y ha sobreactuado" al legislar "en caliente" y que los argumentos jurídicos esgrimidos por Zapatero "dejan mucho que desear".

Ha subrayado además que "el uso de militarización" en España "tiene un significado muy distinto que en otros países de nuestro entorno" y ha rechazado un "ordeno y mando" con el que "el conflicto está servido".

Por su parte, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha condenado "sin paliativos" el comportamiento de los controladores y ha exigido depurar responsabilidades, pero, acto seguido, ha censurado duramente la militarización del colectivo, que ha considerado "un instrumento injustificable" cuando hay herramientas "suficientes" en el Código Penal.

También la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha equiparado la "salvajada" de los controladores aéreos y la "irresponsabilidad y la frivolidad" del Gobierno al aprobar el pasado viernes el decreto que clarificaba la jornada laboral de ese colectivo. Díez ha afeado a Zapatero la "desmesura" de la militarización y de la declaración del estado de alarma y ha subrayado que "no se puede confundir una gestión catastrófica de las relaciones laborales con una catástrofe".

CiU, PNV y CC apoyan el estado de alarma y exigen medidas

Los nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria han apoyado el estado de alarma decretado por el Gobierno porque ha servido para poner fin al conflicto creado por los controladores aéreos, aunque tanto los catalanes como los vascos han insinuado que quizá el Ejecutivo pecó de inoportunidad al aprobar, coincidiendo con el puente de la Constitución y la Inmaculada, el decreto con las nuevas medidas laborales de este sector y se han hecho eco de las dudas jurídicas que algunos han planteado sobre la actuación del Gobierno.

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, ha pedido al presidente del Gobierno que "haga lo que tenga que hacer", en relación al mantenimiento o ampliación del estado de alarma, pero le ha instado a hacerlo "bien".

Duran cree que no hay "nada que justifique la actitud" de dicho colectivo. "Si alguna razón tenían, la perdieron desde el mismo momento en el que abandonaban sus puestos de trabajo causando perjuicios morales y económicos a muchísimos ciudadanos" y creando una "mala imagen para España", dijo.

En su opinión, de la misma manera que "nada exime" a los controladores aéreos, el Gobierno no ha sabido "administrar eficazmente el conflicto con este colectivo", que aún no ha finalizado y que puede "recrudecerse", dado las demandas que se han interpuesto y teniendo en cuenta que "a corto plazo" los controladores "no son reemplazables".

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, ha expresado el respaldo "incondicional" de su grupo al Gobierno en la gestión del caos aeroportuario, incluida la declaración del estado de alarma, pero ha reclamado medidas a largo plazo "para que no nos vuelva a coger el toro".

En su opinión, era necesario "frenar en seco" una situación que amenazaba con deteriorarse aún más, y la declaración del estado de alarma pareció ser "el mal menor" para restablecer un servicio público esencial gravemente alterado.

Erkoreka se ha mostrado convencido de que los controladores eran conscientes del daño que podían provocar al país y a pesar de todo abandonaron masiva y simultáneamente sus puestos de trabajo.

A su juicio, ha llegado la hora de afrontar los "problemas estructurales" de ese colectivo, ha advertido, comenzando por la falta de efectivos y terminando por "la organización racional de su trabajo y la normalización de sus retribiciones". "Estas cosas no se improvisan, hay que planificarlas con antelación suficiente, hay que empezar ya a hacerlo para que no nos vuelva a coger el toro", ha sentenciado.