La prohibición del burka en edificios municipales de Lleida entra en vigor para "hacer pedagogía"

• El alcalde cree que así se dan señalas claras de cómo debe ser la integración
• El TSJC descartó su suspensión como pedía una asociación musulmana

La ordenanza que prohíbe el uso del burka y el niqab en edificios municipales en Lleida entra en vigor este jueves después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) descartara su suspensión cautelar como había solicitado la asociación musulmana Watani.

El alcalde de Lleida, Ángel Ros (PSC), ha insistido en el program En Días Como Hoy de RNE que esta prenda "discrimina a la mujer" y ha instado a "hacer pedagogía" dando señales claras de cómo debe ser la integración en España.

En este sentido, ha advertido de que no quieren que "una prenda de  estas características se extienda". Para ello, con esta nueva  ordenanza, los responsables de los accesos a los espacios públicos  tendrán que prohibir la entrada a quienes porten este tipo de  vestimenta, "contando con los servicios de la Guardia Urbana en el  caso de ser necesarios".

Ros ha recordado que la pena máxima es de 600 euros, que se  aplicarán a casos reincidentes, y ha reconocido que "los riesgos de  que esas mujeres se aíslen aún más están presentes". Sin embargo, ha  señalado que "hay criterios, como las libertades individuales, que  están por encima de otros".

Asimismo, ha concluido que "la única asociación que ha recurrido  el recurso es el grupo más minoritario que existe dentro de la  comunidad islámica del municipio".

"Discriminación por razones religiosas"

El abogado de la asociación Watani, Carlos Antolí, explica que solicitaron la suspensión cautelar de la nueva normativa argumentando que la medida vulnera los derechos fundamentales ya que en su opinión supone una "discriminación por razones religiosas".

A su juicio, la seguridad que el Ayuntamiento alegaba para  modificar la ordenanza de civismo no está motivada. Antolí señala que  su equipo ha propuesto pruebas para que el Ayuntamiento manifestara  si existían antecedentes que motivaran un problema de seguridad, si  había alguna sanción, alguna infracción por parte de alguien. "Nunca  han querido practicar prueba alguna, nos han dicho que no procede  ninguna", ha afirmado Antolí.

El cambio de la ordenanza de civismo por parte del equipo de  gobierno, el PSC, con el apoyo de CiU, PP y un concejal del grupo no  adscrito, la oposición de ICV y la abstención de ERC supone multas  por el uso velo islámico en edificios municipales de entre 30 y 600  euros.

La aprobación definitiva de la ordenanza, aprobada en octubre en  pleno municipal, extiende la prohibición además de al velo integral (burka y niqab) a otros elementos que tapen el rostro.