Zapatero califica el estado de alarma de "necesidad ante una calamidad pública"

• El presidente comparece en el Congreso para explicar el caos aéreo
• "El estado de alarma no estará ni un día más o menos de lo necesario"
• "Tomamos medidas propocionales" a una "afrenta al orden público"
• Rajoy ve el estado de alarma la "proclamación de la impotencia"

Zapatero: "El caos aéreo no puede volver a repetirse"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado que la decisión de decretar el estado de alarma se justificó en la "calamitosa situación" que se vivió este viernes después de que los controladores hicieran "una afrenta al orden público constitucional" al abandonar sus puestos de trabajo. 

En un pleno exprés, en el que los portavoces de los grupos han acordado recortarse su tiempo de intervención, Zapatero ha sostenido que la "respuesta rápida y contundente del Gobierno" que hizo posible "la reapertura del espacio aéreo en menos de 24 horas" ha "minimizado en la comunidad internacional el impacto negativo" en la imagen de España.

El presidente ha asegurado que no se estará en estado de alarma "ni un día más ni un día menos de lo que necesite este país y los ciudadanos" para que "circulen libremente sin riesgo ninguno de ser chantajeados por los controladores". 

Zapatero ha señalado, después de no avanzar en su primera intervención si pediría la extensión del estado de alerta, que el Gobierno decidirá si lo amplía "en función del análisis de la seguridad y tranquilidad" del tráfico aéreo.

"Las medidas acordadas han dado resultado y han conseguido lo que no ha sido posible con las facultades ordinarias del Gobierno", ha reconocido Zapatero, quien en el turno de réplica -que en principio no estaba previsto- ha defendido que "de haber afrontado el desafío de otra manera" habría hecho un flaco favor al "sistema democrático".

"La otra alternativa es que yo hubiera aceptado el plante de Santiago de Compostela y me hubiera sentado a cambiar lo que ha aprobado esta Cámara", ha argumentado, al tiempo que ha incidido en que "de haberlo hecho, sería un flaco favor al principio de autoridad".

"Si vuelve a ocurrir, no dudaremos"

"El Gobierno que presido no dudará en utilizar, sin ignorar los requisitos de proporcionalidad, todos los instrumentos del Estado de Derecho para poner fin a situaciones como las que vivimos el pasado fin de semana pasado", ha remarcado. 

En la narración de los hechos, Zapatero ha cifrado en 2.000 el número de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se movilizaron desde la tarde del día 3 para asegurar el reestablecimiento del tráfico aéreo, además de los 290 militares que trabajan desde entonces en las torres de control a las órdenes del Jefe del Ejército del Aire.

Zapatero ha asegurado que el Gobierno se ha esforzado por que la declaración del estado de alarma se ciñera a lo "estrictamente necesario" mediante su limitación a las torres y centros de control de tráfico así como mediante la "expresa salvaguarda" de los derechos de los trabajadores afectados por la movilización.

“Agotamos las posibilidades menos dolosas para poner fin a la situación“

"El Gobierno agotó las posibilidades menos dolosas para poner fin a la alteración del servicio aéreo", ha explicado el jefe del Ejecutivo, quien ha resaltado los más de "430 expedientes" abiertos por AENA y Fomento a los controladores que no acudieron en esas 24 horas a sus puestos de trabajo.

"Habra que esperar a ver cómo se resuelven para comprobar las presuntas infracciones a la ley de seguridad aérea, para saber la gravedad y el alcance de las responsabilidades en que se haya incurrido", ha asegurado Rodríguez Zapatero.

Respecto a las diligencias iniciadas por la Fiscalía, que este jueves ha llamado a declarar a los controladores que se ausentaron, el presidente del Gobierno ha explicado que también habrá que esperar, pero el ordenamiento jurídico español ofrece "resortes". El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha explicado que su departamento pedirá penas de hasta 8 años de prisión por un presunto delito de sedición.

Zapatero ha reconocido que había datos que hacían indicar que el "problema que comenzó en Santiago de Compostela, donde hubo controladores que no se incoporaron a su puesto de trabajo por haber agotado su jornada laboral anual" podia extenderse al resto de España.