Blanco pide mano dura por "la gravedad del desafío" de los controladores
- El Gobierno intensifica la liberalización de la navegación aérea
- El ministro de Fomento, a favor de prorrogar el estado de alarma
- Cuando este período acabe, se negociará con los controladores
El ministro de Fomento, José Blanco, sostiene que la respuesta al "sabotaje" de los controladores será "tan contundente como grave ha sido el desafío, en toda regla, a la soberanía nacional". Además ha avanzado que él es partidario de mantener el estado de alarma y ha asegurado que, cuando acabe este período, se intensificarán las conversaciones con los controladores para llegar a un acuerdo. Las negociaciones tienen como fecha límite el 31 de enero.
Blanco, que comparece a petición propia en la comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados sobre las medidas adoptadas desde el abandono de sus puestos de los controladores aéreos, ha señalado que el ministerio "pondrá toda la diligencia y el rigor para que este sabotaje no quede impune".
El titular de Fomento ha pedido el respaldo del Congreso para que la vuelta a la normalidad en la navegación aérea sea "permanente" y ha avanzado que dictará dos órdenes ministeriales para ahondar en el proceso de liberalización de la navegación aérea.
Las torres de control de 13 aeropuertos, los de Alicante, Valencia, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Jerez, Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña y Melilla saldrán a concurso público para que pueda operarlas una empresa diferente del actual gestor aeroportuario.
Además los empleados de AENA de Barajas y el Prat se encargarán del guiado de aeronaves y se instalará el sistema AFIS de aproximación de aviones en cuatro nuevos aeropuertos, los de Burgos, Huesca, Logroño y Córdoba.
No descarta el arbitraje laboral
Asegura que "los controladores no pueden abandonar las torres de control en pleno tráfico igual que los médicos no abandonan los quirófanos en plena operación, por un elemental sentido de la responsabilidad".
A su juicio, los hechos del puente de la Constitución "no han sido un episodio aislado, sino la culminación de un largo proceso de sucesivas amenazas, chantajes, actuaciones irregulares y coactivas".
Lo que sí ha afirmado es que cuando acabe el estado de alarma se intensificarán las conversaciones con los controladores. Eso sí, ha advertido de que si el 31 de enero próximo no se ha llegado a un acuerdo, habrá que adoptar otras decisiones "en relación con la negociación colectiva".
Durante su réplica a los grupos parlamentarios en la Comisión de Fomento, Blanco, que no descartó el arbitraje para solucionar el conflicto con los controladores, aseguró que no cederá al "chantaje" ni "se dará carpetazo a la reforma" de la navegación aérea.
Blanco, a favor del estado de alarma
Blanco no ha desvelado si se va a prorrogar el estado de alarma que finaliza el próximo sábado, pero sí se ha mostrado a favor de la medida.
Esta tarde, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario esta tarde para tratar el asunto. En él se verán "distintos informes" que sostienen y argumentan la recomendación de prolongar el estado de alarma, ha dicho Blanco.
CiU y PNV han adelantado que apoyarán la prórroga si el Gobierno es capaz de justificar que es la única alternativa viable a que se reproduzca en Navidades la misma situación de parálisis del puente. El PP decidirá su respaldo si el Ejecutivo aclara qué ha hecho estos días para encontrar una solución al "conflicto laboral".
En su respuesta a los grupos, Blanco se ha sorprendido de que algunos portavoces crean a los controladores cuando aseguran que su intención no es repetir en las próximas fiestas de Navidad el plante que generó un caos en el pasado puente de la Constitución.
Y ha puesto como ejemplo que en agosto los controladores se comprometieron a mantener una situación de normalidad hasta el 31 de diciembre y que lo han incumplido.
Medidas "eficaces"
Blanco considera las decisiones tomadas por el Gobierno para la reforma estructural del sector de la navegación aérea como "legales", porque estaban amparadas por la Constitución, y "adecuadas", porque respondieron de manera proporcional a la gravedad de la situación.
Además, fueron "necesarias" porque sin ellas no se hubiera podido garantizar el restablecimiento de la normalidad a corto plazo, y "eficaces", ya que hicieron prevalecer inmediatamente la legalidad sobre la ilegalidad.
El ministro ha explicó que el sindicato de controladores (USCA) presentó este año una propuesta que implicaba que en 2012 los costes de la navegación aérea en España fueran un 70% más elevados que en los mayores países europeos, y que los de prestar el servicio se incrementasen a 1.100 millones en 2014.
En esa misma oferta se pretendía que las retribuciones de aquellos controladores que pasasen a situación de inactividad a los 52 años cobrasen 170.000 euros anuales de forma vitalicia.