El presidente de Ecuador remodela el Gobierno y sitúa la seguridad como tarea principal

• Es una respuesta a la rebelión policial del pasado 30 de septiembre
• Correa propone una reorganización del sistema de seguridad y judicial

La seguridad interna será una de las tareas principales para el Gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que este viernes ha remodelado su gabinete en respuesta al aparente auge de la delincuencia y las consecuencias políticas de la rebelión policial del pasado 30 de septiembre.

El mandatario, que fue una de las víctimas de la insurrección, cuando incluso peligró su vida, ha cambiado el frente de seguridad de su gabinete, tras aceptar las dimisiones de los ministros de Seguridad Interna y del Interior.

Miguel Carvajal, un sociólogo que era ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, renunció al cargo y fue colocado al frente de un nuevo Viceministerio de Desarrollo Agrario para que dirija la "revolución en el campo".

El vicealmirante retirado Homero Arellano, que hasta ahora era Secretario de Inteligencia, ocupará la vacante dejada por Carvajal.

Gustavo Jalkh, que dirigía el Ministerio del Interior, también renunció y pasará a ser el secretario privado de Correa.

Alfredo Vera, un veterano socialdemócrata y acérrimo defensor de la "revolución ciudadana" que pregona el mandatario, reemplazará a Jalkh en Interior, Ministerio que también se encarga de dirigir a la Policía.

Reorganización de la administración de justicia

Aunque los cambios, durante la ceremonia de toma de posesión de los dos nuevos ministros Arellano y Vera, no fueron vinculados al llamado 30-S, ese episodio ha marcado buena parte de la actividad del Ejecutivo, porque dejó al descubierto, según el propio sector oficial, las debilidades en la seguridad del Estado.

Por eso, Arellano, cuando asumió la cartera del Ministerio Coordinador de Seguridad, fue enfático al señalar que "llegó la hora de decir basta" a los poderes fácticos que obstruyen los cambios que el país requiere y de que los ecuatorianos actúen para acabar con la injusticia, la inseguridad y la impunidad.

Arellano ha llamado a una "gran cruzada histórica" para luchar contra la pobreza, tarea para la que pidió "la participación del pueblo", sin el cual no se podrían conseguir los objetivos trazados por el Gobierno.

También el dimisionario Carvajal ha apuntado al reforzamiento de la seguridad como uno de los desafíos del Gobierno y ha hecho hincapié en que no bastan las reformas que se han acometido en la Policía después del 30-S, sino que se requiere una reorganización total en la administración de justicia.

La inseguridad, un problema regional

Correa, por su parte, tras tomar juramento a sus nuevos ministros y despedir a los cesantes, ha afirmado que la inseguridad es un problema regional, no sólo en el país, y ha culpado a ciertos medios de comunicación, que se identifican con sectores de la oposición, de exagerar este problema.

Como ejemplo, ha asegurado que en Ecuador se registran 18 crímenes por cada 100.000 habitantes, mientras que la media regional es de 22. También ha señalado que el índice de criminalidad en el país ha crecido en el último año en el 2%, indicador que va al ritmo del incremento demográfico.

Sin embargo, ha reconocido que la inseguridad también obedece a factores estructurales y ha puesto énfasis en las debilidades del sistema de justicia, que desde el pasado ha estado controlado por grupos políticos de derechas, especialmente del conservador Partido Social Cristiano.

Correa no ha tenido problemas en afirmar que hay jueces "corruptos" que han dejado en libertad a criminales.

Evitar futuras sublevaciones policiales

Por ello, para él es impostergable una reforma estructural en la función judicial y ha indicado estar dispuesto a convocar a una consulta popular para lograrlo.

Para Correa, la reestructuración en el capítulo de seguridad se sostiene entre otros, en estos pilares: mejorar la fuerza pública, nuevas reformas legales y reorganización de la justicia.

Con ello, se podrán mejorar las garantías de que no se repita un problema como la sublevación policial, de la que se salvó por la movilización popular y porque un grupo militar de fuerzas especiales le rescató de un hospital policial de Quito, donde policías rebeldes le mantuvieron retenido.