AI denuncia el "pisoteo" de derechos humanos en el desalojo del campamento de El Aaiún

• Amnistía Internacional cuestiona la versión marroquí de los hechos
• Exige una investigación "en profundidad, independiente e imparcial"

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que en el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui el pasado 8 de noviembre y en los disturbios posteriores en El Aaiún los derechos humanos fueron "pisoteados" y se recurrió a un "uso excesivo de la fuerza".

En un informe hecho público este lunes, la organización insta a las autoridades a emprender una "investigación en profundidad, independiente e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos" que, asegura, tuvieron lugar ese mes.

La delegación de AI que visitó la capital administrativa del Sáhara Occidental en la segunda mitad de noviembre no encontró "pruebas que apoyen la versión oficial de que algunas personas estaban retenidas en el campamento en contra de su voluntad" y ha denunciado que el desmantelamiento "fue acompañado de considerable violencia".

"Manifestantes saharauis relataron que los agentes les golpearon con palos y rasgaron sus tiendas para forzarlos a irse", recoge el documento, que puntualiza que "hubo una seria resistencia de algunos acampados, que tuvo como resultado la muerte de nueve agentes".

La organización corrobora el saldo oficial de víctimas, en el que a esos nueve efectivos se suman otros dos que fallecieron en los altercados en El Aaiún, y otros dos civiles saharauis que murieron "en circunstancias que aun no han sido aclaradas por completo".

Cuestiona la versión marroquí

Sin embargo, manifiesta sus reservas sobre el vídeo difundido por Marruecos como prueba de su versión de los hechos, que "sólo comprende 14 minutos de contenido claramente editado", por lo que ha pedido que se le proporcione una copia completa, que considera imprescindible para comprender lo sucedido y que todavía no ha logrado.

El texto rebate además las declaraciones del ministro marroquí del Interior, Taieb Cherkaui, que aseguró que las fuerzas de seguridad no efectuaron "ni un solo disparo", al recoger "varios casos en los que hombres y mujeres saharauis fueron heridos por balas de goma en el campamento y por balas de fuego en El Aaiún".

AI concluye que "quizá las fuerzas marroquíes no pretendían inicialmente recurrir a una excesiva violencia, pero en la práctica, varios agentes golpearon a los saharauis que representaban una amenaza y eso pudo llevar a más violencia y en algunos casos a ataques letales".

Denuncia también las circunstancias en que se produjeron las en torno a 200 detenciones de manifestantes en los días siguientes a los disturbios, de los que unos 130 se enfrentan ahora a procesos judiciales, 15 de ellos ante un Tribunal Militar, y en los que cuatro personas han sido condenadas ya a tres meses de cárcel.

Reclama una investigación "independiente"

Así, denuncia que "algunos acusados han comparecido ante el juez sin asistencia jurídica" y que los detenidos han declarado haber sido obligados a firmar declaraciones sin leerlas, lo que "hace temer que esas declaraciones obtenidas bajo tortura o amenaza sean utilizadas como prueba".

"No hay constancia, en cambio, de que se hayan arrestado a residentes marroquíes (de El Aaiún) por los ataques contra saharauis y sus casas, ni se hayan abierto investigaciones por las denuncias de palizas y otros malos tratos por parte de los agentes", señala el informe.

Además, añade que "la falta de información a las familias de los detenidos sobre su paradero y las restricciones al acceso al Sáhara Occidental -a periodistas extranjeros y a miembros de organizaciones de la sociedad civil- ha hecho difícil obtener y verificar información".

AI, que señala que durante su investigación no pudo entrar a la prisión y al Hospital Militar de El Aaiún, destaca que la comisión parlamentaria de investigación establecida por Marruecos "no sustituye a una investigación independiente e imparcial".

Por eso, recomienda la creación de una autoridad para designar testigos y disponga de acceso libre a todos los lugares de detención e informaciones pertinentes, especialmente la documentación oficial y las grabaciones.