Marlaska envía a prisión a 6 presuntos miembros de SEGI e impone fianzas a los dos abogados

• El fiscal había pedido prisión para 6 de los 8 detenidos
• Los abogados podrán eludir la cárcel bajo fianza

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha enviado a prisión a seis de los ocho detenidos en la última operación contra la organización juvenil SEGI, todos a excepción de los abogados Haizea Ziluaga y Haritz Escudero, que podrán eludir la cárcel si depositan sendas fianzas de 18.000 euros, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que ha adoptado esta decisión a instancias del fiscal Pedro Martínez Torrijos, ha acordado el ingreso en prisión incondicional de Saioa Zubiaur Urraza, Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa, Garazi Autor Pueyo, Eneko Villegas Amezqueta, Izaskun Goñi Juárez y Oihana Lopez Cestao.

A todos ellos les imputa indiciariamente un delito de integración en organización terrorista. Los detenidos pertenecían al segundo escalafón de SEGI, a la que se considera cantera de ETA, y habrían asumido la dirección de la organización tras las sucesivas desarticulaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad, según el Ministerio del Interior.

Los seis eran presuntos responsables de Segi de "segundo nivel" y, tras las sucesivas desarticulaciones de la dirección de esta organización, "habían asumido la sustitución de los máximos responsables de la organización".

Los abogados eludirán la cárcel pagando 18.000 euros

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que ha interrogado a los arrestados durante varias horas, también ha acordado el ingreso en prisión eludible con fianza de 18.000 euros para Haritz Escudero Zuluaga y Haizea Ziluaga Larreategui, a los que imputa un delito de colaboración en organización terrorista. Ambos han abonado esta tarde las fianzas.

El Ministerio del Interior cree que los dos letrados asesoraban a los dirigentes de la ilegalizada Segi sobre cómo obstaculizar las investigaciones policiales y eludir la acción judicial.

Les vincula además con la estructura "H-Alboka", parcialmente desarticulada el pasado mes de abril con la detención de los letrados Arantza Zulueta, Iker Sarriegi y Jon Enparantza, acusados de servir de correos de ETA y de controlar a los presos de la banda, y que quedaron en libertad bajo fianza este mes.

Además de los dos abogados, en Bilbao fue detenida Saioa Zubiaur Urraza; en Vitoria, Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa; en Pamplona, Garazi Autor Pueyo e Izaskun Goñi Juárez, y en las localidades navarras de Villaba y Burlada, Eneko Villegas Amezketa y Oihana López Cestao, respectivamente.

Los abogados enviaban a ETA datos sobre las detenciones

Ziluaga y Escudero recopilaban y enviaban a ETA los llamados "primeros datos de urgencia" sobre los militantes de la organización juvenil que eran detenidos para evitar nuevas operaciones judiciales.

Así lo asegura el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en el auto. El magistrado dice que Ziluaga y Escudero no se limitan a ejercer las funciones de abogado, sino que imparten a los miembros de Segi "distintas directrices de actuación", así como las medidas de seguridad que debían adoptar "y caso de ser detenidos información que deben dar para evitar otras acciones judiciales".

Así, a Escudero se le ha intervenido una carta que le envió Xabat Morán Ruiz desde la cárcel de Estremera (Madrid) en la que éste explica como se desarrolló su detención, su puesta a disposición judicial y su envío a prisión.

Esos documentos, agrega el auto, también se utilizan para confeccionar los manuales titulados "Cómo hacer frente a la detención". En el caso de Ziluaga, "el contenido de estos manuales son seguidos por ella misma", según el juez, ya que la abogada detenida se ha negado a firmar cualquier tipo de documento y no ha autorizado que se le recojan muestras de ADN.

El fiscal había pedido prisión para 6 de los 8 detenidos

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez había pedido el ingreso en prisión incondicional de los seis detenidos que Marlaska ha enviado a la cárvel y solicitó también la fianza de 18.000 euros para los abogados.

Según han informado fuentes jurídicas, el fiscal había hecho esta petición al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska tras tomar declaración durante cuatro horas a estos ocho detenidos, que comparecieron incomunicados -asistidos por abogados de oficio- y muchos de los cuáles se negaron a contestar al interrogatorio.