Enlaces accesibilidad

De la Cueva: "Los retrasos en la votación de la ley Sinde demuestran que se estafa a la ciudadanía"

Por
Hoy se vota en el Congreso la llamada 'Ley Sinde' la que regula las descargas en internet

Al principio se iba a votar a las 14:00. Se retrasó a las 15:00, a las 15:15... Tras un torbellino de negociaciones sobre la ley Sinde, norma que se incluye dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible,  el momento de la decisión  sobre la polémica norma ha quedado aplazado hasta el final del Pleno, es decir, como pronto, a partir de las 20:00

Todos los partidos, menos el PSOE, han anunciado que votarán en contra de la ley que prevé el cierre de descargas, pero los sucesivos aplazamientos dejan ver que las negociaciones no han terminado.

Javier de la Cueva, abogado especialista en derecho de Internet, afirma en declaraciones a RTVE.es que "los sucesivos retrasos que se están dando a la votación demuestran algo muy evidente, y es que se está estafando a la ciudadanía porque se está tramitando por un procedimiento abreviado, de competencia legislativa plena, que está reservado para normas en las que no hay que discutir, de trámite".

Se ha hurtado a la ciudadanía de un debate en el Pleno

De la Cueva denuncia que mediante este procedimiento "irregular, aunque no ilegal" se ha "hurtado a la ciudadanía de un debate en el Pleno".

Los resultados de esta votación estaban esta mañana en el aire. Pero a lo largo de la jornada los grupos han comenzado a dejar clara su postura.

El PSOE sigue buscando en los pasillos del Congreso apoyos entre los partidos indecisos, que a su vez han recibido un  aluvión de llamadas y correos de ciudadanos que les piden que voten en  contra de la norma.

La portavoz del PP, Soraya Saenz de Santamaría ha afirmado que su partido votará en contra "propondrá" una alternativa.

Por su parte, el PNV, socio presupuestario del Gobierno, pedirá  una  votación separada sobre esa disposición y asegura que se pronunciarán  "negativamente" ante esta disposición "por motivos de forma y de fondo".

Tras una ronda de negociaciones de vértigo, el grupo parlamentario de CiU ha comunicado que votará 'no' a la ley Sinde.

Sánchez Llibre insiste en la Tarde en 24 horas que CiU votará en contra del "conjunto" de la Ley de Economía Sostenible. Añade que en ningún caso se atrasará a mañana la votación y que ya tienen "los cuadernillos de votaciones" listos.

Sin CiU y con el rechazo PP, PNV y ERC-IU-ICV, la  llamada 'Ley Sinde' sería rechazada por la Comisión de Economía del  Congreso. Sin embargo, los sucesivos retrasos en la votación llevan a  pensar que las negociaciones todavía no han terminado.

"Lo que pase ahora depende del precio que el PSOE pague a los demás partidos políticos", afirma de la Cueva. "Esto no es una cuestión de democracia ni valores, sino de dinero", asegura el abogado.

¿Qué pasará con la Ley Orgánica del Poder Judicial?

De la Cueva recuerda que para que la ley Sinde se ponga en marcha según lo redactado, es necesario que se apruebe una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se tiene que aprobar "por mayoría".

"Imaginemos que se aprueba la LES en su totalidad, pero ¿y si no se aprueba esta Ley Orgánica para darle competencias al juez de lo contencioso administrativo para que cierre las webs?", plantea.

Y es que el Gobierno quiere poner en marcha un procedimiento exprés, reservado para la  protección de los derechos fundamentales, para cerrar webs de descargas  ilegales y para ello deberá modificar la Ley Orgánica del Poder  Judicial.

Según la disposición, la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web  de descargas. En esta Comisión estarán presentes miembros de la  industria cultural.

Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que según la comisión violan la propiedad intelectual.

Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá al Juzgado Central de lo  Contencioso Administrativo, que deberá decidir en un máximo de cuatro  días sobre el cierre.