El sector fotovoltaico recurrirá en los tribunales el recorte de primas, al que califica de "claro atentado"

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) asegura que el Gobierno ha cometido un "claro atentado contra la energía fotovoltaica" al aprobar un recorte "discriminatorio y retroactivo", por lo que hace un "llamamiento urgente" al Congreso de los Diputados para que corriga el "dislate" de esta norma. Otras dos organizaciones del sector ya han anunciado recursos ante la Justicia contra las medidas aprobadas este jueves por el Consejo de Ministros.

Para la asociación, el decreto "ofrece notables lagunas técnicas y legales" y pone en peligro la sostenibilidad energética española, que "puede destruirse de forma inmediata ante los desequilibrios" que plantea la norma.

Conducirá a las empresas al concurso de acreedores

AEF asegura que la medida se ha lanzado "sin tener en cuenta ni a la industria ni a los inversores ni a la banca, y conducirán inexorablemente a una situación concursal a la gran mayoría de las instalaciones fotovoltaicas españolas".

"El recorte no resulta equilibrado respecto a otras tecnologías, sean convencionales o renovables, y ni siquiera lo es entre regiones, ya que impone un límite de horas único sin tener en cuenta las distintas comunidades y sus diferentes radiaciones solares, las características tecnológicas y los planes de negocio de las inversiones", insiste la organización empresarial.

AEF denuncia además que el ministro ha omitido en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que la industria solar fotovoltaica "ya ha asumido responsablemente más de 600 millones de euros en recortes".

Para la asociación empresarial, la reducción de horas ocasionará el consiguiente recorte de ingresos, lo que "situará a las plantas fotovoltaicas muy por debajo de la rentabilidad razonable".

Otra agrupación del sector, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), ha confirmado que acudirá a los  tribunales para denunciar el "gravísimo quebranto" que, a su juicio,  supone el recorte de primas a la fotovoltaica anunciado por el  Gobierno, que cuantifica en 2.220 millones de euros en tres años.

El recorte anunciado este jueves por Industria afectará al número de horas en que las  plantas tienen derecho a recibir la prima.

"Los ingresos de una  instalación solar son, básicamente, el producto de multiplicar la  tarifa fijada por el Gobierno por sus horas de operación", y  "cualquier alteración de estos dos factores supone un cambio en la  rentabilidad final de dicha instalación", asevera la asociación.

"El Gobierno ha abandonado su apuesta solar"

ASIF asegura que Industria ha recurrido a una "abstracción  mental" para considerar que, aunque sea ilegal modificar  retroactivamente la tarifa, no lo es introducir una limitación en el  número de horas de operación.

Además de recurrir a los tribunales en defensa de los intereses del  sector, ASIF establecerá cauces especiales para facilitar los recursos de  sus casi 500 socios y de los miles de clientes que representan.

Esta decisión se adopta después de que el Gobierno haya  "ratificado su abandono de la apuesta solar", asegura ASIF, que  sostiene que "ya no cabe ninguna duda sobre la hipócrita incoherencia  entre el discurso favorable a la energía solar del Ejecutivo y la  realidad de sus actos".

Por su parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) también ha confirmado este jueves que denunciará ante los tribunales españoles y europeos el recorte de primas aprobado por el Gobierno para la energía solar fotovoltaica, así como el incumplimiento de la directiva europea de renovables.

APPA considera que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio introduce con esta nueva norma medidas retroactivas que afectan a la retribución de las plantas existentes. Dichas medidas "provocarán la ruina de miles de inversores", ha añadido la patronal.

Además, criticó la inestabilidad regulatoria que, en su opinión, se constata con esta norma, la cuarta sobre energía fotovoltaica en los últimos cuatro años.