Gbagbo acusa a la CEDEAO de delincuencia política por la amenaza de usar fuerza

• Lanzan un ultimátum a Gbagbo para que deje el poder de forma pacífica
• Laurente Gbagbo no quiere abandonar el poder tras su derrota electoral 

Laurent Gbagbo, que se resiste a dejar la Presidencia de Costa de Marfil, acusó a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) de "delincuencia política" por su amenaza de utilizar la fuerza si se niega a abandonar el poder.

Ahoua Don Mello, portavoz del Gobierno de Gbagbo, afirmó en declaraciones a los medios gubernamentales que Costa de Marfil "tiene una Constitución y unas leyes que se deben cumplir. Costa de Marfil no es un protectorado de la CEDEAO".

Tras una cumbre extraordinaria celebrada ayer en Abuya, la capital de Nigeria, los gobernantes del grupo africano señalaron que, "si Gbagbo no hace caso de esta demanda inmutable (de dejar el poder) de la CEDEAO,  la Comunidad no tendrá más alternativa que adoptar otras medidas, incluido el uso legítimo de la fuerza" para obligarle.

"Hacemos un llamamiento a la CEDEAO para que no tome el camino de la delincuencia política", agregó Mello, ante la exigencia de los presidentes de la organización regional de "la entrega pacífica del poder por Laurent Gbagbo a Alassane Ouattara, de acuerdo con los deseos expresados por el pueblo marfileño" en las elecciones.

El Banco Mundial congela las ayudas a Costa de Marfil

Los gobernantes de África occidental manifestaron su "profunda preocupación" por el "inaceptable gran número de vidas perdidas" en las últimas semanas y advierten de que "todos los responsables se enfrentarán a un juicio internacional por violación de los derechos humanos".

Por todo esto, pidieron al jefe de la Comisión de la CEDEAO que convoque cuanto antes una reunión del Comité de Jefes de Estado Mayor de la organización para preparare planes de posibles acciones futuras.

Ouattara también ha dicho en las últimas horas que, "por su intransigencia", Gbagbo "expone a nuestro país a nuevos actos de violencia" y le ha pedido que "ceda el poder inmediatamente".

Tras su reconocimiento como presidente electo por la comunidad internacional, Ouattara se expresó "como comandante supremo de las Fuerzas Armadas" y exigió a los militares que "protejan a nuestro pueblo de la milicia de mercenarios y extranjeros que derraman la sangre en Costa de Marfil".

Ayer, Mello, en nombre del Gobierno de Gbagbo, también calificó de "ilegal" que la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) reconociera a Ouattara como legítimo presidente de Costa de Marfil y a sus representantes como únicos habilitados para gestionar las cuentas del país en el Banco Central de los Estados de África Occidenal (BCEAO).

De este modo, la UEMOA cortaba los fondos de las cuentas de Costa de Marfil a Gbabgbo, que tras diez años en el poder pretende seguir otros cinco, pese al rechazo de la comunidad internacional, que ha ratificado que perdió la segunda vuelta de las presidenciales, el pasado 28 de noviembre, frente a Ouattara.

Previamente, el Banco Mundial anunció que había congelado la ayuda a Costa de Marfil ante la negativa de Gbagbo a abandonar el poder y le reclamó que facilite el traspaso de poderes a Ouattara.

Miedo a una nueva guerra civil

En estas circunstancias, la violencia se ha desatado en Costa de Marfil, que teme la reanudación de la guerra civil, de 2002 a 2007, que dejó al país dividido, con el sur controlado por las Fuerzas Armadas, leales a Gbagbo, y el norte en poder de las Fuerzas Nuevas, que no se desarmaron tras el conflicto y apoyan a Ouattara.

Según dijeron ayer los seguidores de Ouattara, 745 personas han muerto desde que se inició el conflicto postelectoral en el país y, además, hay más de mil personas heridas y el número de desaparecidos es muy elevado por acciones violentas y secuestros que se atribuyen a seguidores de Gbagbo.

Guillaume Soro, líder de las Fuerzas Nuevas y primer ministro designado por Ouattara, ha acusado a milicianos y mercenarios liberianos del bando de Gbagbo de estas acciones y ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que envíe una misión a Costa de Marfil para investigar las "violaciones masivas de los Derechos Humanos".

Por su parte, la Alta Comisaría de los Derechos Humanos informó el jueves pasado de que cuenta con pruebas de que entre el 16 y el 21 de diciembre pasados se produjeron al menos 173 asesinatos y 24 desapariciones forzadas en Costa de Marfil, aunque apuntaba también que las denuncias no investigadas eran cientos.