Denunciarán ante la fiscalía unos 400 casos de "hijos robados" en España entre los años 20 y 90

• Lo hará la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares
• El abogado Vila cree que pueden haberse producido 300.000 casos

Informe Semanal - Niños robados

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) denunciará el próximo día 27 ante la Fiscalía General del Estado alrededor de 400 supuestos casos de "hijos robados" entre las décadas de los años 20 y 90 en clínicas privadas y públicas de toda España.

Según ha informado a Efe el abogado de esta asociación, Enrique Vila, Anadir pedirá que cada fiscalía provincial abra diligencias para la investigación penal de los supuestos casos de robos de niños recién nacidos y remita la información a la Fiscalía General del Estado.

"Presentaremos casos perfectamente probados, con análisis de ADN, y otros basados en suposiciones de madres que creen que les robaron a sus hijos. Entendemos que hay suficientes indicios de delito como para que se investiguen estos casos", ha apuntado Vila.

Según este abogado, "las cerca de 400 denuncias pertenecen a asociados de Anadir, pero en toda España podrían haberse producido unos 300.000 casos, según cálculos realistas".

"En los 15 años que llevo investigando los orígenes biológicos de niños adoptados como yo -ha añadido Vila- me he encontrado con que alrededor del 15% de las consultas proviene de una persona que sabe que no es hijo de sus padres porque, en algunos casos, éstos le han contado que lo compraron, y en España hay cerca de dos millones de adoptados".

"Creemos que se trataba de una mafia organizada"

"Estoy convencido de que hay cientos de miles de adopciones irregulares o casos de niños robados, lo que sucede es que están empezando a surgir a la luz pública, la gente se atreve a denunciar su caso al comprobar que en las clínicas en las que nacieron se pudieron producir otros casos", ha apuntado el abogado de Anadir.

Esta asociación pretende que se investigue la posible comisión de delitos por parte del personal de decenas de clínicas y centros sanitarios en toda España, algunas de ellos públicos y todavía en funcionamiento, como el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, La Fe de Valencia o las maternidades Santa Cristina y Provincial de Madrid.

"Creemos que se trataba de una mafia organizada que actuó una vez eliminadas las leyes franquistas que permitían entregar bebés de madres republicanas detenidas a familias afines al régimen. Esto se convirtió en un negocio y por cada niño se pudieron pagar desde 50.000 pesetas a un millón", pago del que por ejemplo se tiene constancia en 1979, según Enrique Vila.

En su opinión, "se engañó a las madres diciendo que sus hijos habían fallecido para entregarlos a otras familias en ciudades lejanas. Esto exigía la labor de intermediarios, y por eso creemos que se trataba de una mafia organizada. Muchos niños madrileños acabaron en la Comunidad Valenciana, y otros fueron robados en Ceuta o Melilla y fueron adoptados en la península".

"Tengo muy claro que los delitos no han prescrito"

"Tengo muy claro -ha añadido- que los delitos no han prescrito y que se pueden perseguir por ser permanentes, ya que los hijos robados siguen inscritos como hijos falsos y persiste el delito de quienes les inscribieron".

Por ello, Vila ha advertido de que "quienes participaron en estos hechos se sentarán en los banquillos, y se puede dar el caso que incluso muchos padres lo hagan por falsedad documental, aunque lo más grave fue el robo de los niños con violencia o engaños".

Esta responsabilidad fue, a su juicio, "de médicos, enfermeras y muchas veces personal del clero, ya que muchas veces las monjas eran las auxiliares de los hospitales".

"No quiero echar las culpas porque sí a la Iglesia, pero se aplicó una piedad mal entendida al quitar niños a gente inculta, con pocos medios, de izquierdas o ateos para darlos a familias bien", ha agregado.

En consecuencia, este letrado entiende que los afectados podrán pedir "responsabilidades patrimoniales por daños morales evidentes" y que incluso "puede existir responsabilidad del Estado" en el caso de las clínicas públicas.