Una comisión marroquí asegura que la corrupción fue el detonante del conflicto de El Aaiún

• La comisión parlamentaria de investigación reconoce que hubo "posibles excesos"
• Asegura que los saharauis estaban desengañados con el Gobierno local

La comisión parlamentaria de investigación de los sucesos del pasado noviembre en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, considera que la participación masiva de saharauis en el campamento de Gdaim Izik se debió a su desengaño por "el clientelismo" y los casos de corrupción en las administraciones locales.

En un extenso informe debatido este jueves por la Cámara de los Representantes marroquí (cámara baja), la comisión estima que la corrupción en algunas administraciones locales y la cultura del clientelismo que han alentado los dirigentes de la región crearon una ambiente de tensión que llevó a la población saharaui a unirse al campamento.

Estos ciudadanos, dice el informe, habían esperado justicia durante tres décadas, en las que sin embargo "sólo han visto diferentes desequilibrios en la administración de los asuntos locales y la propagación del clientelismo a la hora de distribuir entre la población los privilegios".

La corrupción que conocen algunos sectores como los de la gobernanza local, las ayudas sociales o las licencias de pesca crearon, según el informe, un ambiente de tensión que facilitó que la gente se uniera a la protesta.

La comisión concretó también que la disputa entre el ex "wali" (gobernador) de El Aaiún, Mohamed Jelmus, y el alcalde de esta ciudad, Hamdi Uld Rashid, a causa de su desacuerdo sobre sus competencias respectivas, complicó el tratamiento de la crisis social que estaba en la raíz de los acontecimientos de Gdaim Izik.

Reconoce que hubo "posibles excesos"

El informe señala también que el campamento se inició como un acto de protesta social de los habitantes de El Aaiún antes de que "terroristas y delincuentes de tendencia separatista" utilizaran las reivindicaciones pacíficas y legítimas de la población para llevar a cabo un "plan destinado a atentar contra la estabilidad y la unidad de Marruecos".

Los diputados consideraron que estas reivindicaciones fueron "instrumentalizadas" dentro de un plan urdido "entre criminales, delincuentes y un grupo de terroristas de obediencia separatista apoyados por Argelia con el objetivo de desestabilizar Marruecos".

El comité consideró, por lo tanto, que la toma de control del campamento por "los separatistas" acabó con todas las posibilidades de diálogo y obligó al Estado a intervenir con el fin de desalojarlo.

Asimismo, la comisión lamentó que algunos líderes locales chantajearan al Estado utilizando el peso de sus tribus y exagerando los riesgos de "la separación" del Sáhara Occidental, para enriquecerse y acercarse a los centros de toma de decisiones políticas y económicas.

Por otro lado, la comisión subrayó que recibió una queja sobre los "posibles excesos" cometidos por las autoridades públicas en el momento de la investigación y la búsqueda de "quienes cometieron los crímenes".

Por ello, considera que "el atentado contra la inviolabilidad de los hogares y las propiedades es un acto inaceptable en el Estado de Derecho".

Pide una nueva investigación

Diferentes organizaciones saharauis criticaron duramente la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes en el desmantelamiento del campo de Gdaim Izik y los posteriores disturbios en El Aaiún, y acusaron a civiles marroquíes de haber participado en una campaña de hostigamiento, amparados por la Policía.

En los sucesos murieron once agentes marroquíes y dos civiles saharauis, según el balance oficial, que fue confirmado por el informe parlamentario.

En sus recomendaciones finales, el comité pidió la apertura de investigaciones para determinar las responsabilidades acerca de la falta de intervención de las autoridades para evitar la construcción del campamento, los presuntos excesos durante las redadas policiales, y la posible corrupción en las administraciones locales.

La comisión parlamentaria se constituyó a finales del pasado mes de noviembre y a su frente se designó como presidente al antiguo ministro de la Modernización del Sector Público, Rachid Talbi Alami, al que acompañaron diputados de todo el espectro político.

Veinte saharauis serán juzgados ante un tribunal militar por su responsabilidad en los sucesos, mientras que más de 130 han sido presentados ante la justicia civil en El Aaiún.