Un Constitucional dividido anula solo parcialmente la ley de inmunidad de Berlusconi

• Deja en manos del juez llamar a declarar a cargos públicos en ejercicio
• La ley permite al jefe del ejecutivo ausentarse de juicios por problemas de agenda

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, es recibido el pasado miércoles por la canciller alemana, Angela Merkel, en la Cancillería en Berlín.

La ley que impide a Berlusconi y otros altos cargos institucionales comparecer ante la justicia mientras permanezcan en sus puestos es parcialmente inconstitucional.

Tal como era previsible, la división de los 15 magistrados de la Corte Constitucional italiana ha derivado la sentencia hacia una posición salomónica.

Según un despacho de la agencia ANSA,   tras desechar algunos de los principios de la ley, se deja en poder del juez valorar la posibilidad de comparecencia “en la óptica de un razonable balance entre exigencias de la jurisdicción, ejercicio del derecho a defensa y tutela de la función de gobierno, más allá de que según un principio de leal colaboración entre poderes”.

Antes de que se produjera este fallo, el primer ministro ya había anunciado que no afectaría en nada al futuro de su gobierno.

Berlusconi tiene, en estos momentos 3 casos pendientes de este fallo. Sin embargo, aunque el juez considere que puede seguir adelante con estos asuntos, el fantasma de la prescripción puede volver a salvar al Cavaliere. 

Escudo judicial

Con este fallo, el Alto Tribunal elimina algunos de los puntos e interpreta otros del "escudo judicial" con el que Berlusconi se protegía para aplazar las vistas en las que está imputado por corrupción en acto judicial y fraude fiscal: el "caso Mills" y el "caso Mediaset", respectivamente.

Esta ley permitía al jefe del Ejecutivo y a sus ministros  ausentarse de los juicios alegando problemas de agenda por "compromisos  oficiales".

Entre los puntos declarados inconstitucionales destacan la obligación por parte del juez de aplazar las audiencias hasta seis meses. Establece, en cambio, dejar a discreción de los magistrados evaluar en cada caso si existe o no un legítimo impedimento.

Esta decisión llega después de que el Alto Tribunal aplazara su decisión el pasado 14 de diciembre ante la moción de censura a la que se enfrentaba Berlusconi ese mismo día.

¿Se sentará en el banquillo?

Los quince magistrados del Constitucional se han reunido este jueves por la mañana a puerta cerrada para decidir sobre la norma.

El "legítimo impedimento" (que se aprobó a principios de 2010 con una vigencia de sólo 18 meses) había sido concebido como un escudo temporal para Berlusconi mientras se aprobaba la segunda versión del "Laudo Alfano", la ley de inmunidad a los altos cargos del Estado que el mismo Constitucional declaró inválida en octubre de 2009.

Según informaban este jueves tanto el diario La Repubblica como el Corriere della Sera citando fuentes próximas a los jueces del Constitucional, existía una clara división dentro de la Corte sobre el veredicto final sobre el "legítimo impedimento".

Berlusconi, indiferente

Ya el pasado miércoles, el Tribunal Constitucional decidió aceptar como legítima la propuesta del opositor partido Italia de los Valores (IDV) de celebrar un referéndum sobre la "ley del legítimo impedimento", votación que se habría podido producir en caso de que ésta no hubiera sido declarada inválida por los jueces.

Al término de una cumbre con la canciller alemana Ángela Merkel en Berlín, Berlusconi aseguró que no existe ningún peligro para la estabilidad de su Gobierno ante la hipótesis de que el Constitucional derogue la ley, aunque su debilidad parlamentaria pone en cuestión que pueda ser aprobada la segunda versión del "Laudo Alfano" con facilidad.

"Yo nunca la he pedido (esta ley). Es una iniciativa llevada adelante por los grupos parlamentarios. Me es natural y totalmente indiferente el hecho de que se puedan suspender o no unos procesos que considero absolutamente ridículos", ha asegurado Berlusconi.

Berlusconi tiene además pendiente una audiencia preliminar por el caso "Mediatrade" (apropiación indebida y fraude fiscal), suspendida el pasado 24 de junio por la "ley del legítimo impedimento" y en la que se debe decidir si enviar al primer ministro a su tercer juicio.